La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que aplique la Ley de Amnistía para beneficiar, con un sobreseimiento libre, a los 12 procesados por, supuestamente, cometer delitos de terrorismo en favor de la independencia de Cataluña.
Todos ellos eran miembros de los llamados Comités en Defensa de la República (CDR), unos grupos radicales y, en ocasiones, violentos que se gestaron en torno al procés.
En concreto, estas 12 personas fueron procesadas por los delitos pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.
Este miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó un informe solicitando el sobreseimiento libre —esto es, el archivo de la causa de forma definitiva— para todos ellos, lo que evitaría la celebración del juicio.
De esta forma, el Ministerio Público da respuesta a la pregunta formulada el pasado 28 de septiembre por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, el tribunal que iba a juzgar este caso.
Los magistrados Francisco Vieira, Eduardo Gutiérrez y Carlos Fraile preguntaron a la Fiscalía y al resto de partes personadas en esta causa por "los efectos" de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la Ley de Amnistía.
En su informe, conocido por EL ESPAÑOL, el fiscal solicita a la Sala de lo Penal que acoja la aplicación de la Ley de Amnistía como "artículo de previo pronunciamiento".
Con este término se conoce a las cuestiones de relevancia o a ciertas excepciones procesales que se plantean en el proceso penal antes del juicio oral y que deben resolverse de manera anticipada.
De esta forma, si se estiman las pretensiones de la Fiscalía se evitaría la celebración del juicio a través del archivo de la causa. El sobreseimiento acordado puede ser libre o provisional.
En este caso, tal y como consta en su informe, el Ministerio Público aboga por el primero de ellos, lo que supone el archivo definitivo e irrevocable del procedimiento para los 12 investigados.
La Fiscalía, en su informe, recuerda que la sentencia del TJUE, fechada en julio de este año, confirmó que la Ley de Amnistía no era contradictoria con la directiva europea (Directiva 2017/541) sobre la lucha contra el terrorismo, delito del que estaban acusados los 12 CDR.
Así las cosas, el Ministerio Fiscal aboga por el archivo de la causa para todos ellos.
En 2024, cuando se aprobó la Ley de Amnistía, la Sección Tercera paralizó la causa judicial hasta que el TJUE se pronunciase sobre dicha norma.
Antes de su entrada en vigor, la Fiscalía, que había impulsado la investigación de esta causa, llegó a solicitar penas de entre ocho y 27 años de cárcel para los CDR.
Sin embargo, con la aprobación de la amnistía, cambió su postura.
Y ahora, una vez la Justicia europea ha emitido su fallo, el tribunal ha decidido reactivar dicha causa para preguntar a la Fiscalía y el resto de partes por su opinión acerca del "alcance y efectos" que debía tener la sentencia del TJUE.
La Fiscalía ya ha emitido su respuesta. Ahora bien, es probable que alguna de las acusaciones populares personadas en esta causa, como la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), se oponga al Ministerio Público y el tribunal deba decantarse.