El Tribunal Constitucional debatirá la semana que viene y, previsiblemente, resolverá a favor de la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación de fondos públicos cometido en el procés catalán.
Será el martes, si la deliberación es fluida, o el miércoles, de acuerdo con el calendario señalado por el presidente, Cándido Conde-Pumpido.
Una eventual convocatoria anticipada de elecciones generales tras la debacle que para el Gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto la no convalidación por el Congreso de los decretos sobre vivienda, tras la negativa de Junts per Catalunya a respaldarlos, no tendrá ninguna consecuencia en la resolución de los recursos de amparo de los que depende la aplicación definitiva de la ley de amnistía.
Así lo aseguran fuentes del TC que señalan que, aunque el Constitucional trata de no abordar asuntos políticamente sensibles en períodos electorales, "los asuntos ya señalados hay que resolverlos".
El TC ya abordó el pasado 22 de septiembre la demanda de amparo del exconsejero catalán de Presidencia Jordi Turull y acordó, dividido (7 magistrados a 5), estimar su pretensión de que la malversación por la que fue condenado sea amnistiada por el Tribunal Supremo.
Ese día decayó la ponencia del magistrado José María Macías, que proponía respaldar el criterio de la Sala Penal del Supremo de que la ley de amnistía no permite, tal como ha sido redactada, su aplicación a la malversación de fondos cometida por los responsables del procés.
La nueva ponencia elaborada por Macías conforme al voto mayoritario va a ser debatida en el Pleno del TC convocado a partir del próximo martes.
El orden del día también incluye la ponencia de Conde-Pumpido sobre el recurso de la exconsejera catalana de Trabajo Dolors Bassa.
Ambos asuntos han sido introducidos en la agenda del Pleno del TC muchos días antes de lo sucedido ayer en el Congreso.
En cuanto se pronuncie, el Tribunal Constitucional hará llegar la o las sentencias a la Sala Penal del Tribunal Supremo para su aplicación.
Fuentes del Tribunal Supremo han adelantado que no esperarán al resto de las sentencias sobre los demás condenados (Oriol Junqueras y Raül Romeva) y procesados por malversación (Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluis Puig) para aplicarles la amnistía, ya que es obligado acatar lo que diga el TC.
En este sentido, es previsible que el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, levante de inmediato las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont, Comín y Puig por ser prófugos de la Justicia desde que huyeron a Bélgica en 2017.
Levantada la orden nacional de detención, el expresidente catalán y sus dos exconsejeros podrán regresar a España.
"Lo que suceda políticamente a nosotros no nos afecta", dicen fuentes del sector progresista del TC, que añaden que, si alguien ha pensado que el tribunal podría castigar a Puigdemont retrasando las ponencias de Turull y Bassa, "se equivoca".
Sería, sobre todo, demoledor para la reputación del TC que, de repente, frenara en seco la aprobación de esas ponencias, ya que se interpretaría que actúa al servicio de los intereses del Gobierno y a su dictado.