La defensa de Zapatero pide que se anule el peritaje encargado a la joyería Yanes sobre las joyas halladas en su despacho.
Las joyas, valoradas previamente en 1,3 millones de euros, ya habían sido examinadas por la empresa Ansorena.
Zapatero sostiene que las joyas fueron un regalo personal del rey saudí en 2007 y no las entregó al Patrimonio del Estado.
La defensa solicita que, si se mantiene la nueva pericial, se permita la participación de un perito propuesto por ellos para supervisar el proceso.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que deje sin efecto el peritaje encargado a la empresa Yanes de las joyas encontradas el pasado 19 de mayo en la caja fuerte del despacho que el expresidente del Gobierno utiliza cedido por el PSOE.
"No acaba de comprenderse qué utilidad persigue o a qué concreta finalidad responde el encargo de un dictamen pericial que contiene, en lo sustancial, el mismo objeto, de modo que parece solaparse con el realizado por Ansorena", argumenta la defensa, que ejerce el catedrático Víctor Moreno, en el recurso presentado hoy.
Calama ya encomendó a Ansorena un examen de las joyas, que fueron valoradas en 1,3 millones de euros.
De ellas destaca una colección de tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes, uno con esmeraldas, otro con rubíes y el último con zafiros.
El expresidente socialista sostiene que fue un regalo "estrictamente personal" que el rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en el Palacio de la Moncloa en junio de 2007. El juez investiga ahora la fiscalidad de esas joyas, que Zapatero guardó, sin entregarlas a Patrimonio del Estado.
Recurso
El recurso contra el segundo peritaje de las joyas sostiene que la resolución del juez "no explicita las razones por las que sea necesaria la emisión de un nuevo dictamen sobre aspectos como la descripción de las piezas o el valor de reposición, ni se justifican las pruebas o test que propone realizar que no hubieran sido ejecutados en su momento".
Indica, a este respecto, que si el informe de Ansorena "no comprende detalles tales como identificación de fabricante u otras marcas distintivas o identificativas, entendidamente será porque las piezas no las contienen. El único elemento novedoso respecto al encargo del dictamen anterior parece circunscribirse a la antigüedad de las piezas o al área de fabricación".
Reprocha, además, a la resolución de Calama que no razone el motivo por el que "ha de optarse por la designación de un nuevo perito distinto a los ya designados de Ansorena, sin que conste respuesta de esta entidad que manifieste la imposibilidad de abordar los nuevos aspectos que se determinan".
"Si el Tribunal entiende que en ese primer dictamen hay alguna limitación que exija practicar ulteriores o distintos análisis técnicos, o que deba ampliar el reconocimiento a otros extremos, los mismos peritos que ya han examinado las joyas podrán estar en una posición más apta precisamente para complementar o ampliar el informe realizado en su día", afirma.
Calama ha encargado la pericial a la joyería Yanes "sin expresar las razones por las que designarse a un perito distinto y sin aclarar las opciones que se han barajado, ni tampoco por qué, en particular, se designa a Yanes para realizar una nueva pericia".
El recurso recuerda que, en un escrito presentado ayer, ha recusado a Yanes para la realización del peritaje ya que su director general, Juan Yanes, ha anticipado en los medios de comunicación que las joyas valen "un par de millones".
La defensa anuncia que, para el caso de que se acuerde mantener la realización de la nueva pericial (como es previsible), "interesamos que se designe a otro perito distinto a Joyería Yanes, atendiendo a los criterios legales de ciencia, experiencia y objetividad, que con la debida transparencia en la designación permita despejar cualquier reproche al quehacer de los peritos que deban intervenir".
Además, la defensa anuncia su voluntad de proponer un perito de su parte "para que pueda concurrir al reconocimiento y a la emisión del dictamen correspondiente junto con el judicialmente designado".
Esta es una previsión que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando las pruebas periciales no van a poder ser ratificadas pero no reproducirse en el juicio oral.
La ley indica que, este supuesto, tanto el encausado como el querellante tendrán derecho "a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial".