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Las claves

Desde el pasado 7 de septiembre, los Gobiernos de España y Marruecos están pendientes de lo que una juez con 39 años de oficio a sus espaldas, los últimos nueve en la Audiencia Nacional, haga con las diligencias penales que abrió ese día para investigar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

María Tardón inició su investigación tras recibir un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Comisaría General de Extranjería, tras el que no tuvo dudas de que es preciso aclarar si se han cometido tres tipos de infracciones penales: un delito contra la independencia del Estado en forma de violación de la integridad territorial de España; un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexidad con homicidios imprudentes, por la muerte de migrantes en el mar; y un delito de organización criminal.

El Gobierno, por boca del ministro Óscar Puente, salió ese mismo día a tratar de descalificar a la instructora mientras fuentes de Interior minusvaloraban, llamativamente, al CENIF, una unidad de su propio organigrama

Tardón ha hecho oídos sordos a lo uno y a lo otro y ha considerado que los datos que le ha proporcionado el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras merecen una profunda indagación.

Un informe clave

El informe del CENIF, adelantado por EL ESPAÑOL, plasmaba, en síntesis, tres conclusiones preliminares.

La primera es que las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes que operan en esa zona "carecen de la capacidad para organizar un movimiento de estas dimensiones".

La segunda es que fue una operación "con características propias de las estrategias de zona gris" que, sin tener por ahora una autoría clara, respondió a un "proceso planificado, monitorizado y ejecutado por fases" con una "finalidad diferente a la migratoria".

Y, finalmente, que hay indicios de que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos -unos de paisano, otros uniformados- llevaron a cabo un "guiado activo" de los migrantes para la entrada en El Tarajal, tras permitir la aglomeración en Castillejos de unas 80.000 personas.

Estas iniciales deducciones rompen el relato del Gobierno español, empeñado en alejar a Marruecos de toda responsabilidad en este grave incidente.

Nueve días después después de iniciar la instrucción, Tardón ordenó un conjunto de diligencias con el foco en seis aspectos:

- cómo se produjo la convocatoria a los migrantes para acudir a Castillejos y cómo se difundió

- quiénes pudieron planificar la operación

- quiénes la financiaron

- quiénes eran los "agentes dinamizadores" y los policías marroquíes que facilitaron la invasión

- qué avisos hubo del riesgo de una entrada masiva y quiénes tenían la responsabilidad de actuar ante ellos

- si se han producido traslados ilegales de inmigrantes desde Ceuta a la península a partir del 31 de julio.

La instructora ha pedido informes a distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Estado Mayor de la Defensa, que cruzará para obtener las conclusiones más fundadas.

Varios organismos oficiales tendrán que informar sobre un mismo aspecto. Por ejemplo, para la identificación de los agentes marroquíes que aparecen en videos y fotografías tomadas en Castillejos, la juez ha recurrido a la Comisaría General de Información; a la Unidad Central de Inteligencia Criminal, que depende de la Comisaría General de Policía Judicial; al CENIF, a la Comisaría General de Policía Científica y al CNI.

La investigación será compleja y larga, entre otros motivos porque, para identificar a los responsables de la convocatoria realizada a través de las redes sociales, "determinando sus conexiones nacionales e internacionales", se ha cursado comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple.

Pérez Triano, en el punto de mira

Paralelamente, la magistrada ha acordado las primeras citaciones, todas ellas en calidad de testigos.

El 30 de septiembre tomará declaración al alcalde presidente de Ceuta, Jesús Vivas.

Para el día siguiente están citados Sebastián, Vega, jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma en el momento de la avalancha de migrantes, y Gonzalo Sanz, que dimitió el pasado día 11 de su puesto de jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

La declaración de Sanz es trascendental para la eventual citación como investigado de Pérez Triano. El exjefe de gabinete ha asegurado por escrito que informó al delegado del Gobierno del mensaje de Whatsapp que recibió de un miembro del CNI el 29 de julio, un día antes de la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

El CNI advirtió en ese mensaje de que "en RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h." y que "hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores".

"Sus rilas" [sus muertos], contestó Sanz.

Documento desclasificado por el Gobierno./ E.E.

En su escrito de dimisión, el exjefe de gabinete de Pérez Triano aludió a “la evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte”.

La Audiencia Nacional ha ofrecido al testigo la posibilidad de declarar por videoconferencia. Pero Sanz ha indicado que es su voluntad comparecer personalmente y dar todas las explicaciones que se le soliciten.