La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante el Juzgado la decisión del Gobierno Vasco de conceder el tercer grado penitenciario al sanguinario etarra Henri Parot.
El fiscal Carlos García Berro considera que resulta "prematuro" en el momento actual y "no se ajusta plenamente" a los criterios legales que rigen la clasificación penitenciaria.
El terrorista ya podía salir, durante determinadas horas, a la calle. Disfruta de la flexibilización que contempla el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
De ahí que la Fiscalía considere temprano progresarle a tercer grado, lo cual supone, además, el paso previo a la libertad condicional.
En un escrito, el fiscal de la Audiencia Nacional García Berro reconoce la "evolución favorable" del interno durante el cumplimiento de la condena, así como el "correcto desarrollo" de la modalidad flexible prevista en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
También, "la ausencia de incidencias" y "la existencia de apoyo social y familiar".
No obstante, sostiene que el tiempo transcurrido desde la aplicación de dicho régimen es "todavía insuficiente" para "considerar plenamente consolidados los factores" que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado.
El recurso de la Fiscalía subraya que la clasificación penitenciaria debe basarse en una valoración individualizada y global de todas las circunstancias concurrentes, incluyendo la evolución tratamental, el historial delictivo y el pronóstico de reinserción social.
En este sentido, el Ministerio Público recuerda la extraordinaria gravedad de los delitos por los que fue condenado Henri Parot: acumula unas 26 sentencias condenatorias que suman cerca de 4.800 años de prisión por 82 asesinatos.
La Fiscalía considera que la actual situación de cumplimiento mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite continuar observando la evolución del penado y consolidar los avances apreciados sin necesidad de anticipar en este momento el acceso al tercer grado.
Por ello, ha solicitado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la revocación de la decisión del Gobierno vasco. En concreto, fue la consejera socialista María Jesús San José, quien encabeza el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, quien la firmó.
La decisión de la Fiscalía de impugnarla supone la paralización de la progresión de Parot a tercer grado hasta que el juez, que tiene la última palabra, la resuelva.
