La Fiscalía apoya que la Audiencia Nacional investigue la conducta del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante la crisis migratoria.
Se analizarán si las decisiones u omisiones de las autoridades en Ceuta agravaron la situación y contribuyeron a los riesgos sufridos por los migrantes.
El Ministerio Público defiende que la investigación sea centralizada para evitar que el caso se divida en varios procedimientos y se obtengan resoluciones contradictorias.
La investigación examinará la información disponible, las medidas adoptadas y la organización de los dispositivos de vigilancia, auxilio y recepción durante la entrada masiva de migrantes.
La Fiscalía apoya que sea la Audiencia Nacional (AN) la que investigue la "conducta" del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante la invasión de la ciudad y si sus "decisiones u omisiones" agravaron la crisis.
Así se pronuncia el Ministerio Público ceutí en un informe, en el que apoya derivar una denuncia contra Triano al Juzgado de la AN del que es titular la juez María Tardón, que ya tiene abierta una causa sobre la avalancha migratoria.
La Fiscalía no entra en el fondo de la denuncia. Ahora bien, sí aboga por que, de forma centralizada, sea la juez Tardón la que analice la invasión de Ceuta en su totalidad y la investigación no se disgregue por distintos Juzgados.
"La actuación de unas personas pudo constituir el presupuesto material de la intervención de otras", señala la Fiscalía.
"Y, a su vez", prosigue, "las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".
"En este sentido, la investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado", recalca el Ministerio Fiscal.
Entre otros elementos, habrá de analizarse "la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta" y "la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción".
También, muy especialmente, "las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes y la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección".
Por todo ello, la Fiscalía aboga por derivar esta denuncia a la Audiencia Nacional.
Ya se pronunció del mismo modo en relación con las diligencias abiertas en otro Juzgado ceutí a raíz de una denuncia diferente a ésta pero también dirigida contra Pérez Triano.
Como advierte el Ministerio Público, la "fragmentación" del asunto en varios procedimientos judiciales distintas "podría provocar una investigación incompleta y artificialmente dividida".
No conviene, indica, "analizar por separado elementos que únicamente adquieren pleno sentido cuando se examinan como partes de una misma secuencia".
"También podría generar el riesgo de resoluciones contradictorias sobre cuestiones comunes; especialmente, respecto de la previsibilidad del riesgo, la información disponible, la suficiencia de los dispositivos desplegados y la relación entre las distintas conductas concurrentes", concluye.