El juez de la Audiencia Nacional envía a juicio a Álvaro Romillo, financiador de Alvise Pérez, por presuntos delitos de estafa agravada y organización criminal.
La supuesta estafa, vinculada a Madeira Invest Club, habría defraudado 185 millones de euros y afectado a 464 inversores.
Romillo y otros procesados, entre ellos familiares cercanos, se enfrentan a penas de prisión que podrían superar los 25 años.
El caso pone fin a la fase de investigación del conocido como caso Madeira, centrado en una presunta estafa masiva con graves perjuicios.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha puesto fin al sumario abierto contra, entre otros, Álvaro Romillo, el empresario que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez durante su campaña a las elecciones europeas.
En una resolución fechada este lunes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado da el primer paso para enviar a juicio a Romillo por los supuestos delitos de estafa agravada y organización criminal.
Calama advierte de lo elevado de las penas que enfrentan el empresario y el resto de procesados que formarían parte de la red investigada; entre ellos, varios familiares suyos.
En concreto, el juez señala que "los hechos sobre los que existen indicios racionales de criminalidad imputables a dichos procesados podrían ser constitutivos de un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas, de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la defraudación".
En una resolución anterior, Calama ya cifró en 185 millones de euros el montante total que habría sido estafado y ciñó a 464 los inversores perjudicados.
La estafa investigada cumpliría, por tanto, las características del delito masa; esto es, que afectó a una gran cantidad de víctimas.
"La pena de prisión correspondiente a esta estafa hiperagravada", señala el juez "es de cuatro a ocho años".
"Si bien, deberá imponerse la pena superior en uno (pena de ocho a doce años) o dos grados (pena de doce a dieciocho años), en atención a los dispuesto en el expresado artículo 74.2 del Código Penal", precisa.
"Estos hechos, además, podrían integrar un delito de organización criminal, sancionado (...) con la pena de prisión de cuatro a ocho años", añade.
Es decir, Romillo afronta, según recoge el juez en su resolución de este lunes, un horizonte de hasta 26 años de cárcel por los dos delitos citados.
Del listado de procesados también forman parte la pareja del empresario, Mihaela Munteanu; o el padre del mismo, Domingo Romillo.
Esta resolución —el auto de conclusión del sumario— pone fin a la fase de investigación del llamado caso Madeira, que toma su nombre de Madeira Invest Club (MIC), el conglomerado propiedad de Romillo y que sería el epicentro de la supuesta estafa.