El Tribunal Supremo esperará la sentencia del Constitucional sobre Turull antes de decidir si aplica la amnistía a Puigdemont y Junqueras.
Las últimas sentencias del TJUE avalan la ley de amnistía española y alejan la opción de llevar la cuestión a la justicia europea.
El TC previsiblemente resolverá en octubre si la amnistía es aplicable a los condenados por malversación en el 'procés', siguiendo el caso de Turull.
El Supremo podría aplicar el criterio del TC sobre Turull al resto de líderes procesados o condenados por malversación sin esperar resoluciones individuales.
La Sala Penal del Tribunal Supremo se prepara para decidir sobre la aplicación de la amnistía a los líderes del 'procés' condenados o procesados por malversación, uno de los asuntos pendientes en el curso judicial que ayer comenzó de manera oficial en una ceremonia presidida por el Rey.
La sentencia que tiene previsto dictar el Tribunal Constitucional, en principio el próximo mes de octubre, sobre la demanda de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull puede precipitar una decisión definitiva por parte de la Sala Penal y del instructor del 'procés', Pablo Llarena. Una decisión que podría permitir la rehabilitación de Oriol Junqueras para ejercer cargos electos y la vuelta de Carles Puigdemont nueve años después de huir de España.
Ello dependerá de los términos de la resolución del TC sobre Turull y de si subsisten o no motivos jurídicos para que el Tribunal Supremo cuestione la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esta segunda opción parece alejarse tras las sentencias en las que el TJUE avaló el pasado 16 de julio la ley de amnistía.
Fuentes de la Sala han señalado que la cuestión prejudicial no está en este momento definitivamente descartada, pero admiten que la decisión del TJUE representa un punto de inflexión para la aplicación de la ley de amnistía: ha quedado despejada la incógnita de su compatibilidad con el Derecho de la UE, al menos en los aspectos planteados por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.
El TJUE determinó que las leyes de amnistía no se oponen al Derecho de la Unión y que, en concreto, la ley española de amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE ni se opone a la Directiva que obliga a los Estados miembros a perseguir el terrorismo.
Pero, además, el Tribunal que preside el belga Koen Lenaerts -que quiso realizar personalmente la lectura pública de los fallos- ha asumido el relato gubernamental de que la amnistía fue "aprobada para reducir tensiones institucionales y políticas" y "facilitar un escenario de reconciliación".
En ese contexto, "el legislador nacional está facultado para imponer a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de poner fin a los procedimientos que estén tramitándose ante ellos en las condiciones previstas en una ley de amnistía", declaró el TJUE.
Tanto Llarena como la Sala del 'procés' esperarán a conocer el contenido de la sentencia del TC sobre el recurso de Turull, que comenzará a debatirse el próximo día 22 sobre la base del texto que presente el ponente, José María Macías.
Dentro y fuera del TC se da por hecho que Macías propondrá respaldar la decisión del Tribunal Supremo de que, tal como quedó finalmente redactada por el Congreso la ley de amnistía, esta medida no es aplicable a los responsables del 'procés' que malversaron fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1-O.
Pero se da igualmente por hecho que la mayoría de magistrados propuestos por el PSOE e IU en el TC tumbarán esa ponencia.
Esa más que previsible discrepancia prolongará la deliberación del TC. En todo caso, la decisión del presidente, Cándido Conde-Pumpido, es que el asunto de la amnistía esté cerrado en el Tribunal Constitucional este otoño, a ser posible en octubre.
Las sentencias sobre las demandas presentadas por el resto de condenados y procesados por malversación seguirán el criterio marcado en la de Turull.
Por ello, en el Tribunal Supremo ya se valora decidir de inmediato en función de los pronunciamientos del TC en esa primera sentencia, sin esperar a la resolución que tendrá que emitir el Constitucional para cada uno de los demandantes.