La Fiscalía General del Estado ha dado a conocer este viernes que ya son "más de 30" las agresiones sexuales investigadas y que habrían sido cometidas sobre mujeres migrantes que entraron a Ceuta durante la invasión de los pasados días 30 y 31 de julio.
En una nota de prensa, el Ministerio Público informa también de que el 40% de las víctimas son menores de edad. Es decir, al menos 12.
El incremento de las agresiones sexuales en el último mes y medio en Ceuta obligó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a reforzar el Juzgado de la ciudad autónoma con competencias en Violencia sobre la Mujer.
Por otro lado, este viernes, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se ha reunido con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Ambas se han mostrado de acuerdo en "acelerar" el traslado de niños y niñas migrantes a la Península.
Semanas atrás, el Gobierno anunció que habilitaría plazas para trasladar desde Ceuta a 500 menores.
Asimismo, Peramato ha compartido con Rego algunas cuestiones vinculadas a su Ministerio e incluidas en la última Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, hecha pública este jueves.
Como informó EL ESPAÑOL, en el año 2025 se abrieron 4.459 causas judiciales por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad.
El Ministerio Público alerta en su Memoria de la "alarmante espiral" de este fenómeno, "que no para de crecer".
En el año anterior, 2024, se iniciaron 3.283 procedimientos penales por delitos sexuales cometidos por menores. En 2023, fueron 3.185. En 2022, 2.947.
Es decir, este tipo de causas judiciales crece año a año. Así las cosas, en 2025 —último del que hay datos completos disponibles—, se dispararon un 36% en relación a los doce meses anteriores.
El Ministerio Público admite en su Memoria que "las razones del incremento de esta modalidad delictiva son complejas" y responden a "diversos factores".
Ahora bien, la Fiscalía indica que "la etiología de estas conductas sexuales virulentas" está vinculada, "sobre todo", al "acceso temprano a contenidos pornográficos".
Entre el resto de factores, también menciona "la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual" y el consumo del alcohol u otras sustancias.
Ahora bien, la Fiscalía centra sus sospechas en el consumo de pornografía durante la infancia o juventud, lo que "conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas".
También, a la "banalización" de los encuentros íntimos; especialmente, en personas de corta edad.
