Los empresarios Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche atribuyen a un "error" que el contrato de mascarillas se fechara antes de la oferta pública.
Ambos empresarios están investigados por corrupción en la adjudicación de contratos millonarios durante la pandemia y niegan conocer el reparto de comisiones ilegales.
La Audiencia Nacional investiga que Soluciones de Gestión recibió 53 millones de euros a través de dos contratos de emergencia, supuestamente beneficiados por un acuerdo previo con altos cargos.
El Supremo considera que la fecha anticipada del contrato es un indicio más de un acuerdo entre Ábalos, Koldo y Aldama para beneficiar a Soluciones de Gestión.
Ante el juez, los empresarios Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, vinculados a la compañía Soluciones de Gestión SL, han achacado a un "error" que el primer contrato que firmaron, en 2020, con el Ministerio de Transportes para el suministro de mascarillas estuviese fechado varios días antes que la convocatoria pública y oficial del encargo.
Así se han pronunciado ambos este viernes, interrogados como investigados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo.
Los dos empresarios están investigados por varios delitos graves de corrupción por la firma de éste y otro segundo contrato, detrás de la cual se escondía el reparto de comisiones ilegales al entonces ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García.
A través de la empresa Soluciones de Gestión SL recibieron, en total, unos 53 millones de euros, mediante estas dos adjudicaciones de emergencia, concedidas en lo peor de la crisis de la Covid-19.
La Fiscalía Anticorrupción señala a Cueto como la persona que controlaba verdaderamente la empresa Soluciones de Gestión, utilizando para ello el entramado de su conglomerado familiar (el Grupo Cueto).
Según la cronología de esta investigación judicial, la empresa ya había iniciado contactos y preparativos logísticos para la entrega de mascarillas al Gobierno sin que existiera todavía un encargo público formal o publicidad oficial del mismo.
Ahora bien, interrogados este viernes, Cueto y Rotaeche han tachado de "error" la fecha del primer contrato que acabarían obteniendo y han negado conocer que la firma de este contrato escondía comisiones ilegales.
Ambos han señalado que fue el empresario Víctor de Aldama, ya condenado por el Supremo junto a Ábalos y a Koldo, quien les sugirió, el 19 de marzo de 2020, esta "oportunidad" de negocio a Cueto y que la aceptaron.
De hecho, los dos investigados han comunicado al juez Moreno que pretenden encargar y entregar en la Audiencia Nacional un informe pericial, en base a los metadatos de varios e-mails, para sustentar su versión sobre los plazos y fechas de la adjudicación.
No obstante, no fue hasta el 20 de marzo cuando Soluciones de Gestión presentó su propuesta económica formal. Al día siguiente, se firmó el encargo, por valor de 20 millones de euros.
Fue la entidad Puertos del Estado —adscrita a Transportes, ministerio previamente llamado Fomento— la que solicitó ocho millones de mascarillas.
Ahora bien, la sentencia del Supremo que condenó a Ábalos, Koldo y Aldama dio por probado que el ministro ordenó duplicar la cantidad inicial, de 4 millones, para engordar el contrato.
El alto tribunal también concluyó que la orden OM TMA/263/2020, de 20 de marzo, firmada por el entonces ministro y publicada al día siguiente, en la que se disponía la adquisición de 8.000.000 de mascarillas, ya tenía la "finalidad de ser adjudicada a Soluciones de Gestión".
"Antes incluso de que los responsables del propio órgano de contratación tuviesen conocimiento de la operación, la empresa adjudicataria ya contaba con que se publicaría una orden ministerial, que la compra sería centralizada a través de Puertos, que el volumen sería de ocho millones de mascarillas y que sería la adjudicataria", indicó el Supremo.
Todo ello, "a consecuencia del acuerdo anticipado" entre Ábalos, Koldo y Aldama, como "una de las actividades lucrativas a las que obedecía la organización [criminal] que habían constituido".
La sentencia del Supremo también abordó expresamente el asunto de las fechas del contrato y de la convocatoria oficial.
Lejos de tildarlo de error, la Sala Segunda lo consideró un indicio más del acuerdo previo para beneficiar ad hoc a la empresa.
"La connivencia en la adjudicación a Soluciones se infiere, claramente, de que el día 16 de marzo, cinco antes de la publicación, cuatro días antes de la firma de la orden, Soluciones de Gestión y las mercantiles Comercial Cueto 92 SL y Comercial Cueto 92 Internacional SL firmaran un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para la contratación y suministro de mascarillas", reza la sentencia.