La Audiencia Nacional exige al Gobierno el máximo respeto para la juez María Tardón, encargada del caso sobre el asalto migratorio a Ceuta.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó que Tardón ordenara a los policías mantener reserva sobre el informe sobre la invasión.
La Audiencia Nacional defiende que Tardón no ha interferido en la seguridad nacional y actúa en defensa del interés general de España.
El informe policial revela que la entrada masiva en Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes y no solo tuvo un fin migratorio.
La Audiencia Nacional ha exigido al Gobierno "el máximo respeto" a la magistrada María Tardón, encargada de la causa judicial sobre el asalto migratorio a Ceuta, ocurrido los pasados días 30 y 31 de julio.
En un duro acuerdo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional defiende a la juez después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, enviase una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quejándose de que Tardón pidió a los policías que elaboraron un informe sobre la invasión que mantuvieran la reserva frente a sus superiores.
Es decir, que los agentes no compartiesen con sus jefes en el Cuerpo Nacional de Policía las actuaciones que estaban realizando ni el contenido de su informe, al que el Gobierno sí tuvo acceso una vez entregado a Tardón.
Ahora, tras las quejas de Marlaska, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, señala que esta juez "no ha interferido en la seguridad nacional", sino que actúa en pos de la defensa de España.
En su carta, el titular de Interior planteó que, "ante la evidente gravedad de la crisis que estamos enfrentando", debiera ser "compatible, sin que se resienta la independencia judicial (...), que se informe debidamente a los órganos judiciales (...) a la vez que se facilite al Gobierno y a sus miembros (...) cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes".
Todo ello, aseguró Marlaska, "en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional".
No obstante, el acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional señala que Tardón "no solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales".
El Gobierno tampoco tuvo la respuesta pretendida por parte del CGPJ. Su presidenta, Isabel Perelló, recordó a Marlaska que el Consejo tiene constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir decisiones judiciales.
Como recoge la ley, todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden ser requeridos por un juez para actuar como Policía Judicial.
En esos casos, las órdenes de un instructor/a prevalecen frente a la jerarquía policial. Si un juez ordena reserva, los agentes deben acatarla.
En su acuerdo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional agradece a Perelló su "respuesta en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada [Tardón] y exige para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".
Aunque el documento no lo menciona, Fernando Grande-Marlaska fue, además, juez instructor de la Audiencia Nacional, mismo puesto que el que desempeña Tardón.
Ésta es actualmente titular del Juzgado Central de Instrucción 3. El hoy ministro lo fue del número 5, además de presidente de la Sala de lo Penal y de vocal del CGPJ.
El pasado martes, EL ESPAÑOL desveló en exclusiva el contenido del informe elaborado por la Policía sobre la invasión de Ceuta.
El dosier revela que gerdarmes marroquíes formaron parte de la planificación y ejecución de la entrada de 72.000 inmigrantes en la ciudad autónoma.
Y que la finalidad migratoria del incidente fue sólo la cobertura formal de una operación que estuvo guiada por agentes de Marruecos, tanto uniformados como de paisano.