El Ministerio de Justicia y el CGPJ se culpan mutuamente de no haber firmado el protocolo que agiliza los refuerzos judiciales para Ceuta.
La saturación de los juzgados de Ceuta se ha agravado tras la invasión migratoria, aumentando especialmente los delitos sexuales.
El acuerdo, pendiente de firma, prevé una dotación de hasta ocho millones de euros y busca facilitar la comunicación y agilizar los refuerzos.
En 2019 ya se firmó un acuerdo similar, pero el presupuesto se considera insuficiente y siguen los desencuentros entre Justicia y el CGPJ.
El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se culpan mutuamente de que no esté firmado el protocolo que pretende "agilizar" la dotación de refuerzos judiciales a los Juzgados sobrecargados.
Este intercambio de reproches cruzados se produce, además, en un momento muy relevante: cuando los tribunales de Ceuta, a raíz de la invasión migratoria, sufren un exceso de trabajo.
Y, también, a escasos días de la ceremonia de apertura del Año Judicial, que se celebrará el próximo 10 de septiembre y estará presidida por el Rey, junto a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El pasado lunes, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, urgió por carta al Consejo a tramitar con urgencia los refuerzos previstos para los Juzgados de Ceuta, sobrecargados debido a la invasión migratoria iniciada a finales de julio.
En respuesta, el CGPJ recordó que Justicia aún no ha firmado el protocolo de colaboración con el órgano de gobierno de los jueces que pretende, precisamente, "agilizar" los trámites para la dotación de refuerzos a los tribunales.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso al borrador de este acuerdo, cuya firma, en efecto, está aún pendiente.
Ahora bien, este periódico ha consultado al Ministerio de Justicia por los motivos por los que este acuerdo no ha sido renovado. ¿La respuesta? "Está pendiente desde marzo la firma por parte del CGPJ".
"Agilizar" trámites
El protocolo explicita que su objetivo es el de "facilitar y agilizar la aprobación de las medidas de apoyo" a los Juzgados.
Para ello, establece dos periodos semestrales cada año para facilitar el conocimiento, por parte de Justicia, de los refuerzos solicitados por el CGPJ.
El Ministerio, por su parte, se encarga de aprobar o denegar, en base a la disponibilidad presupuestaria, las propuestas de renovación o prórroga sugeridas por el Consejo.
En todo caso, la finalidad de este acuerdo es la de facilitar, de forma genérica, la comunicación y el contacto permanente entre ambas instituciones de cara a evitar demoras en los refuerzos de los Juzgados.
Obviamente, el protocolo —aún sin rubricar y cuyo borrador aparece fechado para su firma en 2025— no menciona explícitamente la saturación de los Juzgados ceutíes debido a la crisis migratoria.
Pero sí contempla, genéricamente, situaciones en las que se produzca un "excepcional retraso o acumulación de asuntos en un determinado tribunal" que no puede ser corregido con las medidas ordinarias.
Ése sería el caso de los Juzgados de la ciudad autónoma. Especialmente, como alertó el CGPJ a mediados de agosto, del que posee competencias en materia de Violencia sobre la Mujer.
A raíz de la invasión migratoria, los delitos sexuales han aumentado, tal y como advirtió el órgano de gobierno de los jueces.
En todo caso, la dotación de refuerzos a los Juzgados de Ceuta —pese a que la renovación del protocolo está pendiente— ya está tramitándose y será aprobada por Justicia en breve, según anunció el Gobierno.
El acuerdo de 2019
Un acuerdo muy similar al mencionado sí fue firmado entre el Ministerio y el CGPJ en 2019.
En aquel caso, lo rubricó el entonces presidente del Consejo, Carlos Lesmes, y la entonces ministra Dolores Delgado.
Como informaron ambas entidades en un comunicado, dicho acuerdo pretendía también "agilizar la tramitación de los refuerzos" en los Juzgados y tribunales.
De hecho, incluía una medida excepcional: permitía a la Comisión Permanente del CGPJ prorrogar directamente, por un periodo máximo de seis meses, "un total de 53 medidas de apoyo consideradas estructurales" y que venían prorrogándose de forma reiterada durante los años previos.
Aquel protocolo —como hace su versión renovada, aún pendiente de firma— determinaba y agilizaba el procedimiento para aprobar las medidas de refuerzo consideradas no estructurales.
La dotación económica anual de ese acuerdo, fechado en 2019, era de 7.179.842 euros.
Desde entonces, colectivos de abogados o el propio CGPJ se han quejado de que ese presupuesto resulta insuficiente.
Ahora bien, el Consejo culpa al Ministerio de no haber convocado la Comisión Mixta para su renovación y Justicia señala al órgano de gobierno de los jueces.
El nuevo protocolo, aún pendiente de firma, prevé una "dotación económica máxima" superior a la vigente. En concreto, de ocho millones de euros por ejercicio.
Cronología del conflicto
El pasado lunes, Olmedo, como secretario de Estado de Justicia, envió una carta a la Comisión Permanente del CGPJ para instarle a tramitar con urgencia los refuerzos solicitados en Ceuta.
Uno de ellos, en efecto, es una plaza extra en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, encargado de instruir los casos de agresión sexual, entre otras labores.
Ese mismo día, por la tarde, el CGPJ emitió un comunicado para informar que ya tramitaba dichos refuerzos con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), del que depende administrativamente Ceuta.
Al día siguiente, el martes, el Consejo instó públicamente al Ministerio de Justicia a "convocar la Comisión Mixta para ratificar el Protocolo de medidas de apoyo y refuerzo", nombre que recibe el acuerdo pendiente de firma.
De hecho, el CGPJ subrayaba que, pese a su insistencia "desde el pasado mes de mayo", el departamento que encabeza el ministro Bolaños no ha atendido su petición.
Por contra, en declaraciones a EL ESPAÑOL, fuentes del Ministerio culpan al Consejo de que la firma del nuevo convenio, "por valor de ocho millones de euros, esté pendiente desde marzo".
El próximo 10 de septiembre se celebrará la ceremonia de apertura del Año Judicial, en la que Perelló dará un discurso. Probablemente, aborde en él la crisis que sufre Ceuta.
La necesaria dotación de recursos a los tribunales es uno de los frentes de batalla abiertos por el Consejo.
En febrero de 2026, ante el ministro y el Rey, la presidenta del CGPJ criticó los "problemas" de la llamada reforma Bolaños, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia impulsada por este Gobierno.
Perelló lanzó estas críticas en el acto de entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces.
En esa misma ceremonia, la presidenta del CGPJ también subrayó el "grave déficit de jueces" que sufre España, en comparación con su entorno.
En nuestro país, existen unos once jueces por cada cien mil habitantes, frente a la cifra de 17 que registra la media europea.
"El Poder Judicial carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces. Tampoco, para dotar a los que ya existen de medios suficientes para desarrollar su trabajo", reprochó Perelló.