El pasado 3 de julio, la Audiencia Nacional aceptó la extradición de un joven a Marruecos, pero impuso al país africano la condición de no condenarle a cadena perpetua.
El tribunal concretó, como requisito, que la pena a aplicar fuera de un máximo de 15 años de prisión. Así consta en una resolución del Pleno de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Además, los jueces españoles recalcaron que la entrega de este fugitivo quedaba "sometida al necesario respeto de los estándares internacionales mínimos en materia de tratamiento penitenciario".
Es decir, recordaba a Marruecos que debía aplicar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las conocidas como Reglas Nelson Mandela.
Todo ello, a fin de mostrar "respeto" a la "dignidad inherente de la persona privada de libertad", "al alojamiento en condiciones compatibles con la salud y la seguridad", "al acceso a atención sanitaria" y "a la protección frente a la violencia de otros internos".
Sucede que, apenas mes y medio después, el 12 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, planteó la suspensión del tratado de extradición entre su país y España.
Aunque Ouahbi no mencionó ejemplos concretos, sí reprochó "problemas" con algunas solicitudes de extradición recientes.
El joven reclamado por Marruecos, nacido en 1999, está acusado de un "delito de golpear y lesionar intencionadamente con arma que resulta homicidio preterintencional", tal y como lo tipifica el Código Penal marroquí.
En el reino alauí, este ilícito puede castigarse con cadena perpetua.
Ahora bien, como establece el convenio bilateral de extradición, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional optó por "condicionar la entrega a que, si es condenado, la pena máxima sea la de quince años", límite máximo en España para unos hechos equivalentes.
"Condición", indicaron los 18 jueces españoles que conforman el Pleno, "que se entenderá cumplida con la recepción del reclamado por las autoridades de Marruecos".
En un inicio, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal —compuesta por tres de esos 18 magistrados— había aceptado la extradición solicitada por Marruecos.
No obstante, la defensa del joven reclamado interpuso un recurso contra esta decisión para que el Pleno condicionase la entrega a un cumplimiento máximo de 15 años de cárcel.
Su propósito ha tenido éxito y Marruecos ha quedado advertido por la Justicia española de esta obligación.
Éste no es el único proceso de extradición reciente en el que la Audiencia Nacional ha tomado una decisión contraria a los intereses de Marruecos.
EL ESPAÑOL ha desvelado que, en junio, la Sala de lo Penal denegó la entrega de un promotor inmobiliario que Rabat pretendía usar como cabeza de turco en un conflicto diplomático con Reino Unido, derivado de la construcción fallida de un resort en Tánger.
La mayor parte de los inversores de este complejo son británicos y el propio Gobierno marroquí formaba parte del proyecto.
Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL y la documentación en poder de este periódico acreditan el específico interés de Ouahbi en el que el promotor inmobiliario fuese entregado a Rabat.
Consecuencias del órdago
Que Marruecos rompiese su tratado de extradición con España tendría importantes consecuencias para ambos países.
Abdellatif Ouahbi, por el momento, sólo ha planteado este escenario como una posibilidad "en estudio".
El ministro marroquí pronunció estas palabras en el marco de la crisis abierta por la invasión migratoria de Ceuta, ocurrida a finales de julio.
Sin embargo, conviene recordar que Marruecos lidera, junto a Estados Unidos, la lista de naciones ajenas a la Unión Europea a las que España ha extraditado a más reclamados durante los últimos años.
En concreto, entre 2018 y 2025, la Audiencia Nacional ha entregado 105 detenidos a EEUU y casi la misma cifra (98) al reino alauí, a pesar de lo reducido de su población en términos comparativos; casi 10 veces menor a la estadounidense.
Además, la tendencia es creciente: mientras que la Justicia española extraditó a ocho marroquíes en 2018, fueron 24 los entregados en 2025.
Asimismo, la monarquía africana es la nación que más reclama a nuestro país la entrega de traficantes de droga.
Ahora bien, Marruecos también es el país al que más extradiciones España deniega.
