El juez Arturo Zamarriego ha aceptado ceder la instrucción del caso de Leire Díez a la Audiencia Nacional, que será llevada exclusivamente por el juez Santiago Pedraz.
La investigación abarca supuestas maniobras para boicotear causas judiciales que pudieran perjudicar al Gobierno y al PSOE, e implica a varios altos cargos y ex altos cargos.
La Audiencia Nacional investiga delitos más graves, como pertenencia a organización criminal, malversación y prevaricación, además de tráfico de influencias y cohecho.
La decisión de Zamarriego fue apoyada por la Fiscalía, que considera que los hechos investigados guardan conexión con la causa de la Audiencia Nacional y su investigación es más amplia.
El juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid y el primero en interrogar como investigada a Leire Díez, ha aceptado que sea la Audiencia Nacional la que instruya la causa sobre la fontanera del PSOE y la llamada cloaca socialista.
Así consta en una resolución fechada este martes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
A partir de ahora, será únicamente el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, quien se encargue en exclusiva de este procedimiento judicial.
Hasta el momento, Zamarriego investigaba una porción de hechos que implicaba a Leire Díez, debido a sus maniobras para, supuestamente, tratar de boicotear las causas judiciales que perjudicaran al Gobierno y al PSOE.
No obstante, este asunto también formaba parte de la instrucción dirigida por Pedraz, junto a otros asuntos, como varios presuntos amaños de procedimientos administrativos.
Por ello, la Audiencia Nacional solicitó a Zamarriego su inhibición, que no se ha producido hasta este martes.
La Fiscalía la apoyó. En un informe, fechado el pasado 6 de agosto y consultado por este periódico, el Ministerio Público subraya que los hechos investigados por Zamarriego "guardan identidad" con los analizados por Pedraz.
"Dada la íntima conexión entre ambas causas, debe acordarse la inhibición interesada", concluyó la fiscal María Rosa Calvo.
La Fiscalía también detalló que la investigación de la Audiencia Nacional es, además, más "amplia", incluye a "más investigados" e implica delitos "cuya calificación jurídica sería de mayor gravedad".
En efecto, Zamarriego tan sólo interrogó como investigados a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol.
Ahora bien, Pedraz, quien analiza hechos mucho más extensos, incluyó en el listado de investigados nombres como los de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, su antecesor, Leonardo Marcos, la actual directora de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Belén Gualda, el antecesor de ésta, Vicente Fernández, o el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano.
De hecho, el juez Zamarriego ciñó la causa a los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho, mientras que la Audiencia Nacional investiga, entre otros, pertenencia a organización criminal, malversación y prevaricación, mucho más graves.
Antes de abordar si se inhibía, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 pretendía esperar a la elaboración de una pericial sobre la grabación de audio realizada por el fiscal Ignacio Stampa, uno de los cargos con los que se reunieron Leire Díez y Pérez Dolset.
Stampa, al sospechar de las intenciones de estos dos últimos y debido a lo extraño de sus propuestas, grabó en secreto dicho encuentro, celebrado en mayo de 2025.
Gracias a ello, pudo escucharse, por ejemplo, a la fontanera del PSOE asegurar que era ella "la mano derecha" en la sombra de Santos Cerdán, el por entonces secretario de Organización del partido.
Cerdán también forma parte de la lista de investigados por Pedraz, así como la gerente socialista, Ana María Fuentes.
Ahora bien, en el mencionado informe del 6 de agosto, la Fiscalía instó a Zamarriego a ceder la competencia a Pedraz sin esperar a que se realizase una pericial sobre el audio grabado por Stampa.
Como indicó la fiscal, dicha pericial "en nada influye sobre cuestiones esenciales" para la causa, ni "determina la realidad de la reunión, que no fue negada por los intervinientes", al igual que sucede con su contenido.
"Por ello, considerando que la pendencia de dicha pericial no es esencial para acordar la inhibición y que lo único que se logra con ello es una dilación innecesaria (...) procede la inhibición", se posicionó el Ministerio Público.