Hazte Oír solicita 13 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 para su asistente Cristina Álvarez por tráfico de influencias y malversación.
La acusación sostiene que Gómez usó su posición como esposa del presidente para obtener la creación de una cátedra a medida en la Universidad Complutense.
Se acusa a Gómez de desviar fondos públicos y apropiarse de software desarrollado con dinero público, causando un perjuicio económico a la universidad.
La acusación popular pide que Pedro Sánchez y varios altos cargos comparezcan como testigos en el juicio, mientras que la Fiscalía no aprecia delito.
Hazte Oír, la organización en la que están unificadas las acusaciones populares en el caso de Begoña Gómez, ha pedido hoy 13 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez.
La acusación popular ha tenido que rehacer su inicial escrito de acusación, en el que solicitaba 24 años de prisión para Gómez y 22 años para Álvarez,
Ello ha sido consecuencia de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 16 de julio, cuando suprimió las imputaciones de corrupción en los negocios y apropiación indebida por las que inicialmente también había abierto juicio oral el juez instructor, Juan Carlos Peinado.
De este modo, las acusaciones por las que la esposa de Pedro Sánchez y su asistente se sentarán en el banquillo ante un tribunal de Jurado son tráfico de influencias y malversación de fondos públicos
Condición de mujer del presidente
Por el primero de esos presuntos delitos la acusación popular solicita dos años de cárcel.
En el escrito de acusación se sostiene que Gómez se prevalió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) creara "a su medida" la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
Según la acusación, "desde el momento del nombramiento de su esposo como presidente del gobierno, aumentó la proyección institucional de Begoña Gómez, así como su capacidad de influencia tanto ante la Administración como en sectores privados".
También se amplió "su ámbito de relaciones sociales y posibilidades de acceder a los directivos de grandes empresas; siendo la misma consciente en todo momento de todo ello, y por tanto de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales".
E igualmente accedió "a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios", añade.
"El acceso directo al rector de la UCM, su citación en la Moncloa, la reunión allí celebrada y la exposición del proyecto fueron promovidos y aprovechados por Begoña Gómez de manera voluntaria, libre y consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, institucional o académicamente por debajo de él".
La acusación popular dibuja un escenario en el que la "presión moral" sobre el rector Goyache y el vicerrector Doadrio se transmitió hacia abajo a los funcionarios de la Universidad Complutense que tuvieron alguna relación con la cátedra.
Todo ello se materializó en la creación de la cátedra extraordinaria y en el nombramiento de Gómez como directora, "tramitándose el procedimiento con celeridad y sin otorgar relevancia a su falta de titulación superior ni a comprobar de forma suficiente sus datos académicos, formativos o de experiencia" y con los efectos institucionales, económicos y profesionales que de ello se derivaron".
En cuanto a la malversación, Hazte Oír considera que se produjo de forma continuada, por lo que solicita tres años de cárcel para Begoña Gómez por "destinar a fines privados a Cristina Álvarez, asistente retribuida con fondos públicos, más de 364.000 euros en nóminas de los Presupuestos del Estado".
Pide otros ocho años de cárcel por malversación agravada en relación con la "apropiación del 'software' desarrollado con fondos públicos de la cátedra, a través de marcas, el dominio transformatsc.org y la sociedad Transforma TSC SL".
El aprovechamiento privado de esa herramienta tecnológica, destinada a medir el impacto social de las pequeñas y medianas empresas, produjo a la UCM un perjuicio 113.509 euros, sostiene la acusación.
Hazte Oír incluye una petición subsidiaria para el caso de que el Jurado aprecie una relación medial entre el tráfico de influencias y la malversación. En este supuesto, la pena única solicitada para Begoña Gómez sería de 10 años de cárcel..
En cuanto a Cristina Álvarez, la acusación popular solicita 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 15 años, como cooperadora necesaria en el desvío del 'software' a la web propiedad de Begoña Gómez.
Sánchez, testigo
La acusación popular solicita que el presidente del Gobierno sea llamado como testigo al juicio contra su esposa. Lo justifica por "el uso de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto" de creación de la cátedra.
También pide la comparecencia de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al que considera "determinante" para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de la esposa del jefe del Ejecutivo.
Bolaños ya compareció como testigo durante la instrucción y manifestó desconocer todo lo relativo a la contratación de Álvarez por no ser de su competencia.
En la relación de testigos de Hazte Oír figura también Raúl Díaz Silva, asistente del presidente del Gobierno, para declarar sobre "las funciones reales" de Cristina Álvarez.
También Goyache y Doadrio, así como el empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en este proceso hasta que la Audiencia de Madrid decidió que sea investigado aparte.
La acción popular solicita que Zurab Pololikashvili, exsecretario general de ONU Turismo, y Manuel de la Rocha, secretario general del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, declaren sobre "los cambios en la trayectoria profesional de Begoña Gómez y su relación con altos cargos de empresas".
Respecto a estos últimos, Hazte Oír piden que acudan al juicio a declarar José María Álvarez-Pallete López, Fuencisla Clemares, Miguel Escassi, Marc Murtra, Manuel Ausaverri, Fernando Abril-Martorell y Rosauro Varo, entre otros, por su relación con Gómez para el desarrollo de la cátedra.
Hazte Oír también solicita que comparezca Víctor de Aldama para declarar, señala, "sobre las labores desempeñadas por Cristina Álvarez y sobre la actividad de la cátedra".
Única acusación
Gómez y Álvarez serán juzgadas por la sola acusación de las acciones populares, ya que el fiscal no ve delito alguno.
En el escrito en el que insta un veredicto absolutorio, el Ministerio Público destaca que Begoña Gómez ya venía trabajando para la Universidad Complutense de Madrid antes de crearse la cátedra en octubre de 2020, que no recibió remuneración alguna por esta actividad y que las empresas que la financiaron lo hicieron sin esperar ventaja alguna, sin haber sido presionadas por la mujer del jefe de Gobierno y "sin vinculación con su contratación en el sector público o privado".