La defensa de Begoña Gómez ha denunciado al juez Juan Carlos Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial por no notificarle formalmente la apertura de juicio oral y las medidas cautelares.
El abogado de la esposa del presidente del Gobierno se enteró de las resoluciones judiciales a través de los medios de comunicación y no por los cauces procesales habituales.
La defensa considera que esta situación representa una grave irregularidad y pide que se investiguen las circunstancias y motivos de la falta de notificación formal.
Solicitan al CGPJ que adopte medidas si se confirma un funcionamiento anómalo o irregular del órgano judicial y que se depuren posibles responsabilidades disciplinarias.
La decisión en la que el juez Juan Carlos Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y le impone medidas cautelares fue comunicada por el instructor al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Madrid para su distribución a los medios el pasado sábado, Pero no fue notificada al propio abogado de la esposa del presidente del Gobierno.
Así lo denuncia Antonio Camacho en un escrito de queja dirigido al Consejo General del Poder Judicial, conocido por EL ESPAÑOL.
"Con fecha de hoy 20 de junio de 2026 este letrado ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que se habrían adoptado las siguientes resoluciones judiciales: la apertura de juicio oral contra mi representada y la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal contra la misma", señala el defensor.
"Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos", afirma.
Para la defensa, esa situación constituye "una grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho".
"La apertura de juicio oral y, especialmente, la adopción de medidas cautelares son resoluciones de extraordinaria trascendencia que exigen una notificación formal, inmediata y efectiva a las partes personadas y a sus defensas técnicas", subraya.
De acuerdo con el escrito de queja, "el hecho de que el letrado defensor haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes".
El defensor solicita al Consejo General del Poder Judicial que inste a la Inspección de Tribunales "a verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa".
También pide al órgano de gobierno de los jueces a que "adopte las medidas oportunas si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos".