La muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución antidroga ha provocado que jueces reclamen más recursos y cambios legales para combatir el narcotráfico.
La Audiencia Nacional solicita aumentar sus competencias para investigar y juzgar delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, sin el requisito actual de que afecten a varias provincias.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y otras voces judiciales insisten en la necesidad urgente de reforzar medios y personal en la lucha contra el crimen organizado.
Existen diferencias entre asociaciones judiciales sobre si ampliar competencias a la Audiencia Nacional o fortalecer los recursos de los juzgados que actualmente instruyen estos casos.
La muerte de otros dos guardias civiles que combatían el narcotráfico en Huelva también ha revuelto al mundo judicial, que reclama más recursos para la Justicia y cambios legales.
El suceso se produjo el pasado viernes, cuando una embarcación de la Benemérita colisionó mientras perseguía a una narcolancha en aguas próximas a la costa onubense.
Este martes, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ya hacía pública una petición para que se dote a este órgano de más competencias en materia de tráfico de drogas.
Según determina actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 65), la Audiencia Nacional tan solo se encarga de las causas de narcotráfico cuando abarcan a varias provincias. La Sala de Gobierno, en línea con la postura de la Fiscalía Antidroga, considera que es necesario eliminar este requisito y dotarla de más margen.
Desde que se produjeron las muertes de los dos guardias civiles, otras voces del ámbito judicial han subrayado la importancia de asignar más medios a la Justicia para hacer frente así al narcotráfico.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), a través de un comunicado difundido este miércoles, aboga por que la Audiencia Nacional asuma la competencia sobre el tráfico de drogas, pero solicita que los avances no se limiten a un mero "cambio formal".
"Se necesita un refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, medios tecnológicos y equipos especializados de apoyo", señala.
Esta asociación ya abogó, en febrero de 2024, tras el asesinato de otros dos guardias civiles en Barbate, por reformar las competencias de la Audiencia Nacional.
"Una organización criminal puede tener una enorme capacidad de daño, intimidación y presión sobre un territorio, aunque sus efectos no se proyecten formalmente sobre varias provincias. Es necesaria y urgente esta reforma para poder combatir verdaderas estructuras criminales", expresa la portavoz nacional de la AJFV, María Enma Ortega.
"El Estado no puede aparecer sólo cuando hay una tragedia. Tiene que estar antes: protegiendo a quienes arriesgan su vida, dotando de medios a quienes investigan, reforzando a quienes tramitan y garantizando a los ciudadanos que la ley no retrocede", añade.
De hecho, en su propuesta, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional también reclama la competencia para investigar y enjuiciar otro delito generalmente asociado a las redes de narcotraficantes: el blanqueo de capitales, siempre que sea cometido por organizaciones criminales transnacionales, a los que suelen pertenecer los grandes capos de la droga.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, admite que, como organización, la APM no tiene "una postura sobre esta cuestión".
Ahora bien, a título personal sí subraya que "la investigación de estas causas requiere de unos medios que, hoy por hoy, sólo tiene la Audiencia Nacional".
En todo caso, Del Barco señala que, de forma urgente, antes de abordar un cambio legislativo sobre sus competencias, los juzgados que instruyen actualmente estos procedimientos tendrían que tener más recursos a su alcance.
"Ahí radica el problema principal, en la insuficiencia de medios", destaca. "Basta con ver cómo están los juzgados del Campo de Gibraltar", añade.
"La carencia y el abandono estructural impiden investigar con la celebridad deseada y pueden generar en los delincuentes la sensación de que son impunes. Y en los ciudadanos, la percepción de que están desamparados", advierte la juez a este periódico.
Por su parte, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), avisa: "El crimen organizado plantea cada vez más desafíos; particularmente, en materia de narcotráfico, que la Audiencia Nacional investiga y enjuicia cuando los delitos se cometen en varias provincias".
Ahora bien, Rodríguez considera "sorprendente" que la Sala de Gobierno de este organismo haya abogado por ampliar sus competencias, "puesto que, hasta la fecha, ese tribunal ha sido muy restrictivo a la hora de aceptar el conocimiento de hechos que distintos juzgados de Instrucción entendían que debían ser enviados a la Audiencia Nacional por su especial complejidad".
En ese sentido, el portavoz de JJpD discrepa parcialmente: "La tendencia debe ser dotar de suficientes recursos a los tribunales que tienen que afrontar esas causas y no incrementar las de la Audiencia Nacional".
"Si se hiciera, sería esencial regular con claridad, en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, unos criterios competenciales claros que eviten la inseguridad jurídica", reclama Rodríguez.