La Audiencia Nacional concluye que la Policía actuó correctamente al investigar en 2016 si Miguel Urbán financió Podemos mediante la venta de cocaína, descartando fines espurios.
La investigación se inició tras la denuncia de un confidente que fue corroborada por varios testigos, aunque finalmente fue archivada al no encontrarse pruebas.
El tribunal rechaza la acusación de Podemos de que se trató de un montaje policial para perjudicar al partido y descarta citar como investigado al comisario José Luis Olivera.
La Sala respalda la postura del juez Pedraz de no ampliar la investigación sobre un supuesto espionaje ilegal contra Podemos e incluir estos hechos.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concluido que la Policía estaba obligada a investigar, en 2016, si el entonces eurodiputado Miguel Urbán financió el partido Podemos mediante una venta de cocaína. Y descarta fines "espurios" en dicha actuación policial.
Así lo expresa el tribunal en una resolución judicial fechada el pasado 8 de mayo y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En aquel año, hace ya una década, un confidente policial comunicó al CITCO (Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) una venta de 40 kilos de cocaína en un pub de Madrid, en la que implicó a Urbán.
Este testigo, en concreto, trasladó su versión al comisario José Luis Olivera, el entonces máximo responsable del Centro.
Este mando policial, posteriormente, redactó una nota informativa ampliatoria en la que advertía que dicho pub estaba regenteado por personas de extrema izquierda y ligadas al movimiento 15-M, germen de Podemos.
Tres testigos, además, dieron validez al relato del confidente. Por ello, la Fiscalía Antidroga abrió una investigación. Sin embargo, tras sólo cinco meses de pesquisas, fue archivada en julio de 2016, al no quedar acreditados, ni siquiera indiciariamente, los hechos denunciados.
"Montaje policial"
Podemos siempre ha calificado esta investigación como un "montaje policial" destinado a "perjudicar" y desprestigiar al partido. De hecho, la formación considera a Olivera parte de la llamada Policía patriótica, un grupo de agentes dedicados a boicotear a las organizaciones políticas de izquierdas.
Ahora bien, en su resolución, la Sala de lo Penal indica que Podemos "desdeña la circunstancia" de que el chivatazo del confidente, "aunque de manera periférica", fue corroborada por varios testigos.
"Por lo tanto", concluye la Sala, "con independencia de las valoraciones que hace [Podemos] sobre el proceder de los miembros del CITCO o sobre las contradicciones en que puedan haber incurrido al declarar, no puede pasarse por alto que la verosimilitud [de lo narrado por el confidente] fue apoyado" por más voces.
Todo ello, "aunque, finalmente, no se obtuviesen resultados en la investigación [de Antidroga] y las diligencias fuesen archivadas".
El tribunal, de hecho, rechaza "la inferencia realizada [por Podemos] que atribuye móviles espurios" a los funcionarios del CITCO al dar curso a la denuncia y trasladarla a la Fiscalía.
"En consecuencia, este grupo de argumentos no puede prosperar", concluye la Sala, que rechaza citar como investigado a Olivera.
Así las cosas, el tribunal echa por tierra el recurso que había presentado Podemos contra la decisión del juez Santiago Pedraz de no ampliar una investigación sobre un supuesto espionaje contra Podemos a Olivera e incluir estos hechos.
En sintonía con la Fiscalía, la Sala, jerárquicamente superior al instructor, ha avalado íntegramente su postura.
En su Juzgado (Instrucción 5 de la Audiencia Nacional), Pedraz investiga si la Policía patriótica espió ilegalmente a Podemos cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.
En el curso de ese procedimiento, el juez instructor rechazó citar como investigados a Olivera y al excomisario José Manuel Villarejo. Este último, según sostiene Podemos, redactó una nota policial sobre el "pitufeo" en Podemos y que incluía alusiones a transferencias de Urbán al partido.
El partido recurrió ante la Sala de lo Penal la negativa del juez a sus pretensiones. En respuesta, la Sala recuerda que Pedraz sí ha incluido en el procedimiento el documento redactado por Villarejo y ha dejado la puerta abierta a citar como investigados, más adelante, a más personas.