Las claves
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La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Constitucional la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz por revelar datos reservados sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Este tipo de recurso es excepcional, ya que la Fiscalía solo ha presentado tres demandas de amparo ante el TC en los últimos cinco años.
La demanda de amparo será elaborada por María Ángeles Sánchez Conde, quien ha llevado el caso desde el inicio y denuncia la vulneración de derechos fundamentales de García Ortiz.
La designación de Sánchez Conde evita que Pedro Crespo, jefe de la Fiscalía ante el TC y vinculado personalmente con el caso, deba abstenerse.
La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Constitucional la condena dictada por el Tribunal Supremo contra el exfiscal general, Álvaro García Ortiz, que perdió el cargo por revelar información reservada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Era un paso esperado (la Fiscalía no apoyó la instrucción, propugnó la absolución de García Ortiz y pidió la nulidad de la sentencia de la Sala Penal), pero totalmente excepcional, La Fiscalía del TC ha interpuesto solo tres demandas de amparo en los últimos cinco años, la mayoría por habeas corpus.
En concreto, interpuso una demanda en 2021, otra en 2024 y una tercera en 2025. Ninguna en 2022 ni en 2023.
En el caso de García Ortiz tampoco será la Fiscalía del TC la que intervenga. Según anunció la fiscal general, Teresa Peramato, en una entrevista concedida a Xavier Fortes en La Noche en 24 horas, de RTVE, la responsable del Ministerio Público ha dictado un decreto atribuyendo a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, la elaboración de la demanda de amparo en la que se denunciará que la condena a García Ortiz infringe derechos fundamentales.
Sánchez Conde defendió en el escrito en el que pidió la nulidad del fallo condenatorio que la sentencia contra García Ortiz vulnera la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la legalidad penal y el derecho a una tutela judicial efectiva.
Según fuentes de la Fiscalía, el decreto de Peramato justifica la atribución del proceso constitucional a Sánchez Conde en que ella ha llevado todo el caso de García Ortiz desde el comienzo de la instrucción en el Supremo, el juicio y el incidente de nulidad.
Además, Sánchez Conde ha trabajado muchos años en la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Se incorporó a ella en 1997 como fiscal, en 2006 fue nombrada teniente fiscal y en 2009 ascendió a la categoría de fiscal de Sala y fue nombrada fiscal jefa de esa Fiscalía. La dirigió hasta marzo de 2021.
La Fiscalía ante el TC ha quedado, por tanto, desplazada del asunto de García Ortiz. Su jefe, Pedro Crespo, un fiscal de prestigio indiscutible dentro y fuera de la carrera, es el marido de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid y testigo de cargo contra su exjefe, Álvaro García Ortiz.
La designación de Sánchez Conde para la presentación de la demanda de amparo ahorra a Crespo una abstención obligada.