Las claves
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El juez de la Audiencia Nacional reconoce a casi 500 personas como perjudicadas por la supuesta estafa del caso Madeira, liderada por Álvaro Romillo.
Las víctimas deberán integrarse en una de las cuatro acusaciones mayoritarias, que representan distintos grupos de afectados y suman perjuicios millonarios.
El caso investiga una presunta estafa de más de 250 millones de euros, considerada la segunda mayor de la historia reciente de España.
Álvaro Romillo, apodado 'CryptoSpain' y financiador de Alvise Pérez, permanece en prisión provisional a la espera de juicio.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama reconoce como "perjudicados" a casi 500 personas en el caso Madeira.
En esta causa judicial, este magistrado investiga la supuesta estafa liderada por Álvaro Romillo y que habría sido cometida a través de su conglomerado, Madeira Invest Club (MIC).
Este empresario, apodado CryptoSpain, financió al hoy eurodiputado Alvise Pérez. Durante la campaña de las últimas elecciones europeas, le entregó 100.000 euros en efectivo al agitador convertido a político.
Ahora, en una resolución de este martes, Calama cifra en 464 las presuntas víctimas de la estafa. De hecho, ordena que todas ellas estén agrupadas, de cara al futuro juicio, en sólo cuatro acusaciones particulares.
De esta forma, el número de perjudicados reconocidos por el juez baja. En la resolución, fechada el pasado diciembre, en la que procesó a Romillo y a otras nueve personas —entre ellas, familiares del empresario—, Calama cifró en 3.062 los inversores afectados.
No obstante, finalmente, no todas optaron por formalizar su denuncia. El instructor solicitó a todas las acusaciones que aportasen la lista numerada de sus clientes. Y, en total, suman 464.
Estas casi 500 personas tendrán un plazo de siete días hábiles para integrarse en una de las cuatro acusaciones mayoritarias.
¿Cuáles? La liderada por el letrado Víctor Soriano, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, la agrupada en torno al bufete Zaballos Abogados y una cuarta acusación.
La primera de ella aglutina a 15 afectados, a los que el juez, provisionalmente, reconoce un perjuicio de más de 15 millones de euros.
La Asociación de Usuarios de Criptomonedas agrupa a 67 inversores, a los que se habría estafado 11,3 millones.
El bufete Zaballos representa a 328 clientes, que suman un perjuicio provisional de 32,8 millones de euros.
La última acusación incluye, por el momento, 19 inversores, que denuncian un perjuicio cifrado en 928.940 euros.
Para determinar cuáles son las cuatro acusaciones en las que deberán integrarse todos los perjudicados, el juez ha tenido en cuenta la proporción entre el número de afectados y la cantidad que denuncian que ha sido estafada.
Como desveló EL ESPAÑOL, en el caso Madeira figuran como denunciantes, por ejemplo, un particular que invirtió 4,5 millones de euros o un directivo de una empresa del Ibex.
En declaraciones a este periódico, Soriano, uno de los letrados que lideran las acusaciones mayoritarias, subraya la magnitud de esta causa judicial.
"En este procedimiento, se investiga la segunda mayor estafa de la historia reciente de España, con un importe de más de 250 millones de euros", enfatiza.
"Nuestros clientes son un grupo de 15 grandes afectados con un perjuicio conjunto superior a los 15 millones de euros", añade.
Actualmente, Romillo está en prisión provisional, a la espera de juicio, interno en la cárcel de Soto del Real (Madrid).