Las claves
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El fiscal general Álvaro García Ortiz defendió que la acusación particular en su contra, liderada por el empresario Alberto González Amador, fue "desleal" y ocultó datos clave en la querella.
García Ortiz alegó que hubo un "uso político" del caso, denunciando que datos relevantes sobre la filtración de correos y la distribución de información a la prensa fueron omitidos por el acusador.
El fiscal general se negó a responder preguntas de las acusaciones particulares y populares, limitando sus respuestas a su defensa y a la fiscal Sánchez Conde, lo que impidió una confrontación directa de versiones.
García Ortiz justificó la publicación de una nota de prensa para defender a la Fiscalía de Madrid frente a las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso, negando intención de perjudicar a González Amador o vulnerar su derecho de defensa.
Álvaro García Ortiz reprochó ayer a la acusación particular que ejerce contra él el empresario Alberto González Amador haber tenido una "actuación desleal con el tribunal" desde que presentó la querella que ha desembocado en el primer juicio contra un fiscal general por un presunto delito cometido en el ejercicio de su cargo.
Lo hizo nada más comenzar su declaración como acusado ante la Sala Penal del Supremo, que debe decidir si es culpable o no de haber filtrado a la prensa datos tributarios de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El empresario está encausado por dos delitos contra Hacienda y por falsedad documental tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía.
Si González Amador acusó la pasada semana al fiscal general de haberle "destrozado públicamente", ayer el aludido le dio la réplica: el acusador particular, "lejos de contribuir a descubrir la verdad con hechos ciertos y necesarios", ha reconducido el proceso de una forma "alejada de la buena fe", dijo.
Vídeo | El fiscal general declara en el juicio que no filtró el mail con los datos de González Amador y no responde a las acusaciones
Despojándose de su toga y tras bajar del estrado para ocupar la misma silla desde la que González Amador le fustigó, García Ortiz alegó que la querella que dio origen al procedimiento ocultó datos que, a su juicio, eran claves.
Uno de ellos, que el correo electrónico en el que el 2 de febrero de 2024 el abogado de González Amador, Carlos Neira, propuso un acuerdo de conformidad porque "ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" no solo fue enviado a la Fiscalía de Madrid sino también a un abogado del Estado, "que no era parte en el proceso".
Otro, que fue el propio González Amador el que, "sin la autorización del fiscal" Julián Salto, entregó un 'email' de éste a Miguel Ángel Rodríguez.
El jefe de gabinete de Díaz Ayuso lo distribuiría posteriormente a medio centenar de periodistas asegurando, falsamente, que había sido la Fiscalía la que había propuesto una conformidad penal a la pareja de la presidenta madrileña y luego había retirado esa oferta "por órdenes de arriba".
González Amador, dijo el fiscal general, "dispuso" del correo que Salto envió a Neira "entregándoselo a una persona ajena al proceso [Miguel Ángel Rodríguez] para que le dé un uso diferente para el que está concebido, un uso político".
El querellante también omitió que el propio González Amador se entrevistó con un periodista de El Mundo, el primer medio que difundió el 'email' del fiscal Salto con el "bulo" de que había sido la Fiscalía la que había propuesto al empresario declararse culpable de un fraude a Hacienda a cambio de una rebaja de la pena.
Según el fiscal general, de haberse conocido antes estos datos "quizá se hubiera impedido que la investigación se dirigiera unívocamente contra la Fiscalía".
Ese alegato sirvió a García Ortiz para justificar su decisión de no contestar ni a la acusación particular ni a las acusaciones populares personadas, entre ellas el Colegio de la Abogacía de Madrid.
Repitió, de ese modo, la actitud que mantuvo en la fase de instrucción, cuando tampoco quiso contestar al magistrado Ángel Hurtado durante su declaración como investigado el pasado 29 de enero.
La decisión del responsable del Ministerio Público de responder únicamente a su defensa y a la fiscal Sánchez Conde impidió a la Sala sacar conclusiones de la confrontación de su versión con la de quienes le acusan.
Superado un momentáneo nerviosismo inicial, García Ortiz declaró con solvencia y trató de desmontar los indicios que han ido desplegando las acusaciones a lo largo del juicio, que concluirá este jueves con los informes finales de las partes.
Manifestó que reclamó los correos entre Neira y Salto porque era preciso "defender a los compañeros de la Fiscalía de Madrid", a los que Ayuso llevaba dos días acusando de una "cacería" contra su pareja, tras conocerse que ésta había sido denunciada.
"Ése era el único objetivo" de pedir los correos y elaborar la nota de prensa que el Ministerio Público difundió el 14 de marzo. "Nunca pretendí perjudicar el derecho de defensa de González Amador ni su honorabilidad", aseguró.
Explicó que en esa nota no se puso el adverbio "ciertamente" que Neira utiliza en el correo de 2 de febrero. Tiene una excesiva "carga resonante", dijo
Tampoco se hizo alusión a que el letrado adjuntaba un documento en pdf con las penas que se asumían, datos económicos e identificación de empresas.
Del texto inicial de la nota se eliminó la referencia a 'la pareja de la presidenta de la CAM' y se opuso 'González Amador'.
Y de la entradilla, en la que inicialmente se aludía a 'las informaciones publicas y manifestaciones de responsables políticos', se suprimió la referencia a estos últimos.
"Queríamos bajar esa sensación de que entrábamos en una guerra que no nos interesaba entrar", afirmó.
La guerra acabó desatándose y ha terminado con el fiscal general del Estado acusado en un proceso penal en el que González Amador le pide cuatro años de prisión, según confirmó ayer su letrado al elevar a definitiva su petición de condena.