Las acusaciones acreditan el daño causado a González Amador con la filtración del correo con sus datos tributarios

Las claves

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La declaración prestada ayer por Alberto González Amador durante la segunda sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, permitió a las acusaciones evidenciar ante la Sala Penal el daño causado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la difusión en la prensa de un correo electrónico sobre su comprometida situación tributaria.

Ese 'email' fue enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía de Delitos Económicos, que acababa de recibir el expediente de una inspección tributaria que reflejaba indicios de la comisión de dos delitos de fraude y uno de falsedad documental continuada por parte del empresario.

Neira aconsejó a su cliente llegar a un acuerdo de conformidad con el fiscal y la Abogacía del Estado, una vía "rápida y sin ruido" para cerrar el asunto, como le pidió González Amador.

Por ello, en ese correo el letrado proponía un pacto al Ministerio Público -algo habitual en procesos por delito fiscal- para obtener una rebaja de la pena de cárcel a cambio de asumir los hechos y pagar la multa.

"Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", escribió Neira "de común acuerdo" con su defendido, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La textualidad de ese correo fue filtrada en la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser y reproducida después por otros medios.

A partir de ese momento "pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España", manifestó un vehemente González Amador, que recordó que así le viene llamando el Gobierno, el PSOE y algunos medios de comunicación.

"Nadie es consciente del daño que se me ha producido y se me sigue produciendo", añadió el testigo, que se quejó no solo de la filtración del 'email' del 2 de febrero sino también de la nota de prensa que la Fiscalía hizo pública el 14 de marzo de 2024 para desmentir noticias falsas aparecidas la noche anterior. Según esas informaciones, había sido el fiscal el que había propuesto a González Amador un pacto de conformidad, aunque luego había sido retirado "por órdenes de arriba".

La nota de prensa reproducía el 'email' del 2 de febrero y otras comunicaciones posteriores entre Neira y el fiscal del caso de González Amador, Julián Salto, para acreditar que el reconocimiento del fraude fiscal partió del abogado del empresario.

Para éste, con esa nota "García Ortiz me había matado, me había destrozado públicamente".

"A partir del 14 de marzo el banco me cortó la financiación. Hace un mes, una trabajadora mía, una médico, no ha podido alquilar una casa porque los arrendadores no han querido cuando han visto la empresa para la que trabaja. La han tenido que avalar sus padres. Ha habido un destrozo en los proveedores, clientes perdidos", describió el testigo.

También considera vulnerados sus derechos a la presunción de inocencia y a un proceso justo. "No puedo conformar [la pena] como cualquier otro ni puedo pelear como un ciudadano normal", ha indicado.

La acreditación de que el proceso de conformidad se frustró tras el 14 de marzo ha quedado, no obstante, debilitada por la declaración del fiscal Diego Lucas.

Él se hizo cargo del caso de González Amador en abril de 2024, tras la querella presentada por el empresario contra el fiscal Julián Salto, que obligó a éste a abstenerse.

Lucas ha relatado que el pasado 20 de mayo, cuando el empresario estaba citado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, le preguntó a su abogado si tenían intención de conformarse. "Se sorprendió y me preguntó si teníamos intención de pactar y le dije que sí, que no teníamos inconveniente a llegar a una conformidad", ha dicho el fiscal.

Lucas ha señalado que él mismo redactó una propuesta de acuerdo de conformidad que rebajaba dos grados la pena a González Amador: cuatro meses de prisión por cada delito fiscal en concurso con falsedad documental.

El proceso de conformidad no salió entonces adelante, ha dicho, porque la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, no lo apoyó y pidió más diligencias.

Además, la propia defensa de González Amador ya no estaba tan interesada en la conformidad tras la apertura de una pieza separada en la que se le investiga por una presunta corrupción en los negocios por sus operaciones mercantiles con el presidente de Quirón Prevención.

El correo del 12 de marzo

Durante su declaración, González Amador ha admitido que reenvió a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, un 'whatsapp' de Neira con la foto de un correo enviado al letrado por Julián Salto el 12 de marzo de 2024.

En ese 'email', el fiscal adjuntaba la denuncia interpuesta por fraude tributario contra el empresario y añadía: "Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible".

El correo del 12 de marzo fue filtrado por Rodríguez a varios periodistas y sirvió para que se difundiera, falsamente, que el fiscal había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que reconociera haber delinquido.

A partir de ahí, algunos medios y el propio Miguel Ángel Rodríguez sostuvieron que se estaba "persiguiendo" a González Amador para atacar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Todo turbio".

El empresario ha admitido que no pidió autorización a Neira para mandar su mensaje, con el correo del fiscal de 12 de marzo, a Rodríguez.

"Se lo mandé por mi cuenta. Se refería a un proceso mío, yo se lo envío a quien quiero", ha manifestado.

El problema es que la propia acusación considera confidenciales los mensajes entre los abogados y los fiscales que negocian acuerdos de conformidad y por eso cree delictiva la filtración del correo de Neira del 2 de febrero.

Alberto González Amador dio permiso a Rodríguez para reenviar el correo de Salto a Neira a medio centenar de periodistas.

¿Por qué tenía que dar al jefe del gabinete de la presidenta madrileña información sobre un proceso penal privado y reservado", le preguntaron las acusaciones. "Es una causa mía, pero creo que le puede afectar a ella", respondió, sin citar nunca por su nombre a Isabel Díaz Ayuso.

MÁR y las "órdenes de arriba"

Por su parte, Rodriguez ha tenido que admitir que no tenía "ninguna fuente" que le dijera que el (falso) acuerdo de conformidad propuesto por el fiscal a la pareja de Ayuso había sido retirado por "órdenes de arriba", en referencia al fiscal general.

Se sugería, así, que la Fiscalía había actuado de forma arbitraria y ajena a la ley con la pareja de la presidenta madrileña.

Miguel Ángel Rodríguez ha afirmado que solo envió a su chat de periodistas el correo de Julián Salto después de que, a las 22:10 horas del 13 de marzo de 2024, La Sexta informase de que fue la pareja de Díaz Ayuso la que ofreció un pacto a la Fiscalía, y no al revés, como había publicado El Mundo a las 21:29 horas.

No obstante, los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid desmintieron la versión de Rodríguez: ya durante la tarde del 13 de marzo varios periodistas les alertaron de que el jefe de gabinete de Ayuso estaba difundiendo una versión tergiversada de las negociaciones para la conformidad penal.

"¿Qué prueba tenía de que "por órdenes de arriba" se había prohibido al fiscal negociar?", le preguntó la abogada del Estado Consuelo Castro, que defiende a García Ortiz.

Rodríguez no recurrió al "es que tengo el pelo blanco" que soltó en su declaración en fase de instrucción. Ayer dijo que "el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, por lo que tengo que colegir que, si se ha retirado un acuerdo, es por orden de arriba, como tengo que colegir que no se manda una nota de prensa sin órdenes de arriba".

"No tengo ninguna fuente. Soy periodista y trabajo en política. No necesito una compulsa ante notario", ha manifestado.