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El Tribunal Supremo —el mismo que enjuició, por ejemplo, el procés— fue testigo este lunes de una imagen —otra más— inédita en Democracia: la de un fiscal general en el banquillo de los acusados.

Unos minutos antes, la sede de la Fiscalía General del Estado, en la madrileña calle Fortuny, lo fue de otra: varias decenas de fiscales y trabajadores del edificio aplaudían a Álvaro García Ortiz cuando iba a subirse al coche oficial que le trasladó al Supremo para ser juzgado.

Ya allí, en la Plaza Villa de París, el máximo representante del Ministerio Público también fue recibido por fiscales afines que le apoyaron, minutos antes de que comenzase su juicio, que arrancaba a las diez de la mañana.

En realidad, este lunes, García Ortiz se sentó en un banquillo de los acusados más bien metafórico. Prefirió ocupar una silla en estrados, un privilegio contemplado para los juristas. Es decir, se colocó a la derecha de los magistrados del Supremo que le juzgan, en lugar de enfrente.

Además, el fiscal general del Estado lució la toga que le identifica como máximo responsable del Ministerio Público. En esta ocasión, eligió una corbata negra a juego, como marca el protocolo.

Cuando, el pasado enero, fue interrogado como investigado en el Supremo, optó por una corbata azul con unas pequeñitas balanzas, símbolo de la Justicia, bordadas en color rojizo.

El juicio que comenzó este lunes con esta imagen inédita no es ni será ajeno a la contienda política. La futura condena o absolución del fiscal general, que a día de hoy sigue contando con el respaldo del Gobierno, será utilizada por unos u otros.

Con una única palabra, un rotundo "no", García Ortiz, se desvinculó del delito que le atribuye el Tribunal Supremo.

Con ese breve monosílabo —tampoco se necesita más—, negó haber filtrado a la prensa un correo electrónico firmado por uno de los abogados de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En dicho e-mail, enviado en febrero de 2024 a la Fiscalía Provincial de Madrid, el letrado del empresario admitía que su cliente cometió dos delitos fiscales. Una vez el correo se hizo público a través de varios medios afines al Gobierno, se convirtió en metralla política contra Ayuso.

Este lunes, durante el resto de la primera sesión del juicio en su contra, por más de ocho horas en total, García Ortiz, se mantuvo en silencio.

Por momentos, tomó notas, a mano, en su libreta. Contempló, atento, la declaración de los testigos. La suya, como acusado, no está prevista hasta el próximo día 12.

Su defensa, ejercida por dos abogados del Estado, ya lo dijo todo por él: al inicio de la vista, durante el trámite de cuestiones previas, Consuelo Castro reprochó que la instrucción, bajo las riendas del juez Ángel Hurtado, había sido "inquisitiva" y con una "orientación prejuiciosa".

Desde meses atrás —especialmente, cuando se acercaba el juicio—, el PP viene exigiendo, sin ningún éxito, la dimisión de García Ortiz.

A lo largo de este juicio, la Fiscalía no se sentará junto a las acusaciones, sino al lado de la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general.

De hecho, de los dos representantes del Ministerio Público, una es Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo.

Por tanto, Sánchez Conde, que pretende la absolución del acusado, es la número dos de García Ortiz en el organigrama. Este lunes, la teniente fiscal se adhirió a todos y cada uno de los argumentos que enumeró la abogada del Estado Consuelo Castro.

Por contra, la acusación particular (la defensa de González Amador) y las acciones populares (Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Foro Libertad y Alternativa y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) se opusieron radicalmente a los argumentos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Gabriel Rodríguez Ramos, el penalista que defiende al novio de Ayuso en este procedimiento, señaló que, generalmente, las diligencias ordenadas por el instructor Hurtado fueron avaladas por la Sala de Apelación del Supremo.

"A lo largo de la instrucción no se han puesto de relieve la existencia de alternativas verosímiles y racionales a la culpabilidad de García Ortiz", indicó el abogado Víctor Soriano (Manos Limpias).

"Cuando nos dicen que sólo se buscaron pruebas de cargo, nos están diciendo ustedes que en esos móviles [los de García Ortiz, que el juez ordenó analizar] había elementos para probar su culpabilidad", expresó Fernando García-Capelo, letrado de Foro Libertad y Alternativa.

"La instrucción no ha podido ser más pulcra", valoró Juan Antonio Frago, fiscal en excedencia y, ahora, abogado de la APIF.

En las próximas sesiones declararán en el Supremo periodistas, varios fiscales, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, agentes de la Guardia Civil y el propio González Amador.