García Ortiz niega al inicio de su juicio el delito que se le imputa y la fiscal y su defensa critican la "inquisitiva" instrucción

Las claves

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado haber sido él quien filtró a la prensa el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador admitió que su cliente, novio de Isabel Díaz Ayuso, cometió dos delitos fiscales.

Este lunes se ha celebrado la primera sesión del juicio contra García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos.

De forma tajante, al inicio de la vista, el fiscal general del Estado ha respondido con un rotundo "no" al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. "¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?", le había preguntado el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Durante esta primera sesión, se ha celebrado el trámite de cuestiones previas. La defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, ha cargado contra la "inquisitiva" instrucción en contra del acusado y ha criticado la "orientación prejuiciosa" de la misma.

A juicio de la exabogada general del Estado Consuelo Castro, la investigación, bajo las riendas del juez del Supremo Ángel Hurtado, causó "indefensión" a García Ortiz y vulneró gravemente sus derechos fundamentales.

Por ello, ha solicitado la nulidad de la misma, ante la "absoluta falta de motivación" que atribuye a varias resoluciones del instructor.

Especialmente, la que acordó la entrada y registro en el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado.

"Vulneró gravemente los derechos a la vida privada y familiar, a la privacidad, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones", ha señalado Castro.

A finales de octubre de 2024, Hurtado ordenó, además, analizar el contenido de los dispositivos electrónicos del fiscal general desde el 8 de marzo de ese año hasta el 15 de octubre. Posteriormente, acotó dicho plazo a tan sólo siete días.

La filtración a la prensa del citado e-mail se produjo, presumiblemente, la noche del 13 de marzo del pasado año. Coincide con que, en aquellos momentos, García Ortiz recabó los correos intercambiados por el fiscal Julián Salto, encargado de la causa por fraude fiscal contra González Amador, y el abogado de éste.

Esta petición se debió a que la Fiscalía General del Estado pretendía desmentir la noticia de El Mundo, publicada a las 21:29 del 13 de marzo, que afirmaba que era la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo de conformidad.

Posteriormente, ya el 14 por la mañana, la Fiscalía hizo pública una nota de prensa para desmentir a El Mundo y aclarar cómo sucedieron las negociaciones. Dicho documento incluía extractos de los mensajes entre el letrado de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal Salto, que ya habían sido difundidos.

Durante su intervención, la defensora de García Ortiz ha criticado que "todas las diligencias aprobadas por el instructor [Ángel Hurtado] fueron encaminadas a probar la culpabilidad" de García Ortiz, en vez de buscar pruebas también de descargo.

Asimismo, la exabogada general del Estado ha justificado que García Ortiz borrara el contenido de su teléfono, en aplicación del "protocolo de seguridad" de la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, la fiscal de esta causa, Ángeles Sánchez Conde, número dos de García Ortiz, se ha adherido a todos y cada uno de los argumentos de la defensa del número uno de la Fiscalía.

Por contra, la acusación particular (la defensa de González Amador) y las populares (Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Foro Libertad y Alternativa y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) se han opuesto a las cuestiones previas planteadas por la defensa de García Ortiz y la Fiscalía.

Gabriel Rodríguez Ramos, el penalista que defiende a González Amador en este procedimiento, ha señalado que, generalmente, las diligencias ordenadas por el instructor fueron avaladas por la Sala de Apelación del Supremo.

"A lo largo de la instrucción no se han puesto de relieve la existencia de alternativas verosímiles y racionales a la culpabilidad de García Ortiz", ha indicado el abogado Víctor Soriano (Manos Limpias).

"Cuando nos dicen que sólo se buscaron pruebas de cargo, nos están diciendo ustedes que en esos móviles [los de García Ortiz, que el juez ordenó analizar] había elementos para probar su culpabilidad", ha subrayado Fernando García-Capelo (letrado de Foro Libertad y Alternativa).

"La instrucción no ha podido ser más pulcra. No se ha registrado la vivienda del acusado, que es donde, muy probablemente, se estaba cometiendo el hecho enjuiciado", ha destacado Juan Antonio Frago, abogado de la APIF.

Julián Salto

Julián Salto, el fiscal que denunció por fraude fiscal a González Amador, ha declarado como testigo en la primera sesión del juicio.

Y ha confirmado que el abogado Carlos Neira le planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad una vez la investigación judicial contra el empresario se sustanciara, tras la pertinente denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos.

"No me parecía un asunto de mucha enjundia ni trascendencia", ha señalado Salto, quien ha admitido que, ya en marzo de 2024, sus superiores le informan de que el caso afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

También ha narrado cómo, la noche del 13 de marzo, la misma en la que El Mundo publica su noticia, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le pide que le envíe una copia de los correos que se cruzó con Neira.

En ese preciso momento, Salto asistía a un partido de fútbol del Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. "A las 21:43, me vuelve a llamar la fiscal jefe provincial. [Me dice] que no puede esperar la dación de cuenta, que tiene que ser ahora, porque el fiscal general del Estado no puede esperar".

"Me pregunta a qué nos hemos comprometido [en el asunto que afecta a González Amador]. Le digo que no se le ha ofrecido nada. Al señor Carlos Neira se le ha contestado a sus correos, su solicitud de reconocer los hechos", ha recordado el testigo.

"[La fiscal superior] me pide que le mande los coreos con Neira para chequear que todo es correcto. Se los envío a la fiscal superior [Almudena Lastra] y a la fiscal jefe provincial. Para evitar que me vuelvan a llamar, se lo mando a las dos", ha relatado. "No tengo ningún inconveniente en demostrar (...) que yo actúo de forma legal", ha manifestado.

Salto también ha señalado que no conoce ningún protocolo para el borrado de los teléfonos móviles de los fiscales. Ahora bien, ha precisado que él no estuvo adscrito a la Fiscalía General del Estado, sino al departamento de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y que el terminal que usa "es el privado".

A preguntas de las acusaciones populares, Salto ha admitido que, "si en este asunto no está implicado Alberto González Amador y no sale a medios de comunicación", no se habría producido la dación de cuenta a sus superiores, dado que no sería un caso relevante para la opinión pública y la imagen de la Fiscalía.

En otras ocasiones, ha indicado, también ha dado cuenta a sus superiores cuando la imputación de fraude fiscal ha afectado a personas de relevancia pública, como "futbolistas, actores, abogados o personas que salen en programas del corazón". 

Por su parte, la Fiscalía y la defensa de García Ortiz han interrogado al testigo sobre el número de personas que tuvieron acceso al correo que Neira le envió el 2 de febrero de 2024, para incidir en que varias personas pudieron tener a mano ese documento.

"¿Sabe cuántas personas tuvieron acceso a él?", ha preguntado el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, quien, junto a Sánchez Conde, representa al Ministerio Público en este juicio. "Lo desconozco", ha señalado Salto.