Las claves
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El exministro y diputado José Luis Ábalos ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que le investiga que expulse de la causa al PP, a Unión del Pueblo Navarro (UPN), a Vox, a Iustitia Europa y a Catalunya En Comù.
En un escrito, firmado por su nuevo abogado y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, su letrado expresa lo siguiente: "El ejercicio por los partidos de la acción popular acaba fagocitando la iniciativa ciudadana".
Según el documento, ya enviado al juez Leopoldo Puente, que formaciones políticas actúen como acusaciones populares también "arrincona" esta posibilidad para los ciudadanos particulares, al convertirse las causas judiciales en "instrumento de combate de los partidos".
Asimismo, la defensa del exministro advierte éstos, si están personados en procedimientos judiciales, "pueden llegar a extraer de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político".
En el llamado caso Ábalos existen varias acusaciones populares. Todas ellas están lideradas por el PP. Algunas de estas entidades son partidos: el PP, UPN, Vox, Iustitia Europa y Catalunya En Comù. Y otros no, son organizaciones de la sociedad civil, como Adade (la Asociación de Abogados Demócratas de Europa), Hazte Oír y Liberum, también personados en esta causa.
El pasado enero, el PSOE —partido al que perteneció Ábalos hace pocos meses y del que fue número tres— registró en el Congreso una propuesta para vetar que los partidos ejerzan la acusación popular.
Sin embargo, desde entonces, ha incumplido su propia proposición. Se ha personado en, al menos, cuatro causas judiciales que son mediáticas y que afectan al PP.
Actualmente, Ábalos sigue como diputado. Pero ya no forma parte del Grupo Parlamentario Socialista, sino que está integrado en el Grupo Mixto.
"En definitiva", concluye el escrito de la defensa del exministro, "los partidos acaban teniendo presencia en los procesos con finalidades últimas extraprocesales".
El letrado Carlos Bautista, recientemente contratado por Ábalos tras romper con su abogado anterior, señala que la personación de formaciones políticas en causas judiciales "proporciona altos dividendos en términos de erosión de la figura controvertida del partido adversario".
"Se trata de ganar, en el proceso penal, el juicio de la opinión pública, que equivale siempre a una condena", lamenta Bautista.
"Ningún obstáculo constitucional existe para que se expulse a los partidos políticos personados en la causa", añade.
"Precisamente, porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas", finaliza el escrito.
