La Audiencia Nacional ha denegado la petición de Podemos de investigar los viajes de varios policías a Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Colombia para aclarar si sirvieron para boicotear al partido.
En el marco de la causa judicial que versa sobre el supuesto espionaje de la Policía patriótica a la formación, los abogados de ésta solicitaron analizar el motivo de los desplazamientos de varios exmiembros de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a estos países de América.
Así se lo pidieron al juez instructor de esta causa, Santiago Pedraz. El magistrado lo rechazó. Por ello, Podemos recurrió esta negativa ante la instancia jerárquicamente superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, este tribunal también lo ha rechazado. En una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Sala considera "muy amplio" el periodo que Podemos pretendía investigar: de 2014 a 2016.
"No se concreta la fecha del viaje, ni, especialmente, se concretan los motivos y las razones de dicha investigación", reprocha el tribunal.
"Es decir, el querer sustentar esta petición en que se quería investigar a un determinado partido político sin más datos, es una petición que entendemos que peca de excesivamente genérica", añade.
"Lo mismo cuando se dice que lo era para obtener documentación falsa de dicha formación política, sin que consten más datos concretos en la causa acerca de lo que realmente se quiere investigar y si ello puede tener carácter delictivo, pues iniciar este tipo de investigaciones puede proporcionar una serie de datos que nada tienen que ver con las actuaciones y con los hechos que delimitan el objeto del procedimiento", señala la Sala.
"Es preciso tener una enorme cautela a la hora de pedir datos e información de este tipo a determinados organismos", advierte a Podemos.
La Sala también ha rechazado otras dos diligencias reclamadas por el partido. Es decir, tampoco se investigará, por tratarse de una "elucubración", si una persona se hizo pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para obtener información patrimonial de Pablo Iglesias, el entonces secretario general de Podemos.
Esta petición se basa en el testimonio de una testigo de esta causa, apellidada Carrascosa, y que ejerció de gerente de la empresa 360 Global Media SA.
Esta compañía tuvo a sueldo a Iglesias cuando éste era presentador del programa de televisión Fort Apache.
Sin embargo, Pedraz rechazó esta petición. Y, ahora, la Sala avala su postura. "La identificación que efectúa la señora Carrascosa es que se refiere a una persona que cree —no tiene ninguna certeza— que se hizo pasar por agente del CNI, o que supone que ello fue así, por lo que la investigación sería, en cierta forma, una elucubración", señala el tribunal.
"Se basaría en una hipótesis que en modo alguno goza de algún tipo de certeza", añade.
Por otro lado, la Sala de lo Penal también le deniega a Podemos investigar si la Comisaría General de Extranjería premió con la nacionalidad española a dos ciudadanos venezolanos a cambio de aportar información que perjudicase al partido.
"No existe ninguna constancia de que se haya producido ninguna irregularidad en la concesión de nacionalidades a ciudadanos venezolanos como contraprestación a determinados servicios (...) o a determinada información que pudieran facilitar acerca del partido político ahora recurrente", expresa la Sala.
"El revisar todos los expedientes de nacionalidad existentes con ciudadanos venezolanos durante un periodo de tiempo tan largo hace que se pueda caer en el riesgo de que la instrucción e investigación de los hechos se torne prospectiva", advierten los magistrados.
Asimismo, en una resolución distinta, la Sala ha obligado a Pedraz a corroborar lo declarado por un agente que buscó en una base de datos policial los nombres de Pablo Iglesias y del eurodiputado Miguel Urbán.
Este último, tal y como declaró el policía en la Audiencia Nacional, era objeto de una investigación de la Fiscalía Antidroga, después de haber sido incluido, por un confidente, en una supuesta venta de droga para financiar Podemos, del que Urbán es fundador.
Al poco, aquella tesis acabó archivada y Antidroga cerró su investigación. No obstante, según relató este policía, mientras las pesquisas seguían vivas, sí buscó los nombres de ambos dirigentes en una base de datos, como parte del procedimiento habitual.
Tras interrogar a este agente, Pedraz archivó la causa para él. Sin embargo, Podemos recurrió esta decisión.
En esta ocasión, su petición sí ha sido estimada por la Sala de lo Penal, que ordena al juez instructor que, antes de exonerar al policía, corrobore si Antidroga abrió aquella breve investigación, lo que apuntalaría su relato.