La Fiscalía Anticorrupción considera que los motivos por los que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó la prisión preventiva de Santos Cerdán -esencialmente, el riesgo de que destruya pruebas- subsisten en la actualidad. Por ello, no respaldará la petición del exdirigente del PSOE de ser puesto en libertad, lo que reclamó su defensa el pasado lunes.
La Fiscalía Anticorrupción no encuentra en el escrito de la defensa argumentos que permitan apoyar la excarcelación de Cerdán sino "fantasías maliciosas" contra la Policía Judicial, el instructor del Tribunal Supremo y el propio Ministerio Público. Una especie de teoría de la conspiración "absurda", afirman fuentes fiscales.
Los abogados de Cerdán, Jacobo Teijelo y Benet Salellas, insisten en ese escrito en la línea defensiva iniciada tras el encarcelamiento del exdirigente y exdiputado socialista, centrada en dudar del origen de las grabaciones que le implican en una trama de corrupción, atribuirlas a una oscura actividad de la Guardia Civil y afirmar que la investigación se está utilizando con fines políticos.
La petición de libertad destaca que Cerdán, "por su actividad como alto responsable del principal partido del Gobierno, ha sido el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado".
"De ahí que resulte de especial relevancia dilucidar las circunstancias y naturaleza de la investigación para evitar cualquier hipotética desviación de poder de la Policía Judicial que pudiera haber contaminado el 'proceso debido'", sostiene la defensa.
Su tesis es que los audios que constituyen por ahora el principal elemento incriminatorio contra Cerdán, al que se escucha hablando del reparto de comisiones con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, no fueron grabados por este último.
"Pero en el caso de que lo hubiera sido, es evidente que [Koldo García] lo habría hecho bajo la dirección policial y, por tanto, sería una prueba absolutamente nula", afirma.
Los audios y mensajes que comprometen a Cerdán fueron encontrados en dispositivos incautados en la casa de Koldo "de cuyo origen no hay constancia", dice la defensa, que subraya que García fue colaborador de la Guardia Civil.
Hay "múltiples evidencias del oscuro e incierto devenir de los dispositivos" intervenidos a Koldo García cuando fue detenido en febrero de 2024.
Y "lo único que a día de hoy sabemos sobre dichos audios es que se obtienen a través de teléfonos que han sido proporcionados por un comandante de la Guardia Civil investigado en la causa, Rubén Villalba", afirman los defensores.
Esos teléfonos estarían "monitorizados o bien afectados de algún sistema de activación desde la distancia", aventura la defensa, que obvia que algunos de los audios incriminatorios no proceden de esos teléfonos, sino de una grabadora digital marca Philips que portaba Koldo García.
"Insidias" contra el instructor
Del contubernio contra Cerdán que dibuja la defensa no se escapa el propio instructor del Tribunal Supremo. El escrito de petición de libertad sitúa el inicio de la investigación contra el exsecretario de Organización del PSOE en el auto que Puente dictó el 4 de febrero de 2025.
Fue entonces cuando el magistrado encargó a la UCO un informe sobre las comunicaciones telefónicas que pudieron mantener "desde cualquiera de los terminales intervenidos" Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama con Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres.
La defensa resalta la coincidencia entre la fecha de ese encargo y las gestiones realizadas por Cerdán para superar la "importante crisis en el apoyo parlamentario al Gobierno" abierta después de que PP y VOX votaran con Junts contra la convalidación del decreto ómnibus.
"Santos Cerdán era el encargado de renegociar los acuerdos con Junts. La situación no avanza y precisamente el día 4 de febrero Junts registra en el Congreso de los Diputados una propuesta para moción de confianza. Este es el momento en el que se acuerda en esta causa ordenar a la Policía Judicial una investigación contra dos aforados sin autorización por parte de la Cámara Legislativa", señala la defensa.
"Esta actuación es una frontal violación del derecho a la inviolabilidad e inmunidad de los miembros del poder legislativo", afirma.
"Dirigir una acción de pesquisa general contra los miembros de partidos políticos de modo indiscriminado atenta contra todos estos preceptos. Utilizar litigios penales para influir en la acción de gobierno es un uso perverso del derecho", llegan a sostener los abogados de Cerdán.
Para la Fiscalía, esas afirmaciones solo son "alusiones insidiosas carentes de base".
El informe encargado por el instructor el 4 de febrero era necesario para comprobar la veracidad de las declaraciones hechas ante el juez por Aldama en el sentido de que había entregado dinero (a Cerdán) o pagado servicios (a Torres).
Respecto a los audios que implican al exnúmero 3 del PSOE, Anticorrupción destaca que esas grabaciones aparecen completas, sin saltos ni supresiones. Y se extienden a lo largo de varios años (al menos, desde 2019).
Pero, sobre todo, su contenido es coherente con otro "abundante material documental", como las conversaciones con el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Todo lo cual descarta, a juicio del fiscal, una manipulación de los elementos probatorios por la Guardia Civil.
Anticorrupción recalca que hace menos de dos meses que la Sala de Apelación respaldó la decisión de Puente de encarcelar a Cerdán en una resolución muy contundente. Y desde entonces "la situación no ha cambiado", afirma. La UCO sigue trabajando en los informes encargados por el instructor, que permitirán reevaluar la medida cautelar adoptada antes de que venza el plazo de prisión preventiva el próximo diciembre.