Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y, ahora, también malversación de fondos públicos. Cinco son ya los delitos que el juez Juan Carlos Peinado atribuye a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Este lunes, el magistrado citó a declarar como investigada, por cuarta vez, a la mujer del presidente del Gobierno.
En este caso, para el próximo 11 de septiembre. Y por el quinto de los ilícitos del listado, el de malversación.
Peinado investiga si se cometió este delito y el hecho de que Cristina Álvarez, la principal asesora en Moncloa de Gómez, realizase gestiones en favor de los negocios privados de ésta.
Para ello, tal y como refleja la resolución fechada este lunes, el juez se apoya en la tesis de la Audiencia Provincial de Madrid de que Álvarez "excedió claramente sus funciones" para beneficiar a Begoña Gómez.
Gestiones privadas
El pasado junio, este tribunal, jerárquicamente superior al instructor, sostenía que este comportamiento "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados".
Así lo menciona ahora Peinado, quien opta por citar a declarar tanto a Gómez como a Álvarez por un supuesto delito de malversación.
Durante la tramitación del caso Begoña se ha constatado que Cristina Álvarez realizó gestiones en favor de los asuntos personales de Gómez.
Por ejemplo, la asesora envió un correo, en nombre de la esposa de Sánchez, a la empresa Reale Seguros, para tratar de que esta compañía siguiera financiando la cátedra que Gómez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). EL ESPAÑOL publicó aquel e-mail, fechado el 8 de febrero de 2024.
¿Malversación?
Ahora bien, la Audiencia de Madrid, el pasado junio, descartó que la asesora pueda ser autora material de un delito de malversación.
Por contra, el tribunal sí planteó que su comportamiento habría podido favorecer un posible tráfico de influencias por parte de la esposa de Pedro Sánchez.
"El funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que sólo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión", manifestó el tribunal provincial.
"Es decir, al tolerar ese ilícito comportamiento, quizá no esté cometiendo un delito de malversación, que sólo cabría plantear en el caso de que cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada", señaló la Audiencia, que descartó que ello sucediera así.
La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez.
"Pero sí es un elemento fáctico de la máxima trascendencia a la hora de poder acreditar su solidaridad con el plan del autor, en tanto su posición institucional refuerza las posibilidades de influencia de la conducta de la principal investigada [Begoña Gómez], que se mueve en ese limbo de poder no institucionalizado", concluyó.
No obstante, el tribunal sí avaló que Peinado investigara si Álvarez "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada [Begoña Gómez] en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
"Supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración". Así lo concluyó la Audiencia, en alusión a Álvarez, y así lo parafrasea ahora Peinado en su resolución de este lunes.
Peinado ha tratado insistentemente de descubrir quién es el responsable último de la contratación de Cristina Álvarez.
De forma insistente, el juez preguntó sobre este mismo asunto al actual ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En su caso, fue interrogado como testigo, para lo cual el magistrado se desplazó al Palacio de la Moncloa.
El dirigente, antes de ser ministro, fue secretario general de Presidencia del Gobierno, cargo que, a ojos de Peinado, le situaba como superior jerárquico de Álvarez.
De hecho, el pasado junio, el instructor del caso Begoña trató, con nulo éxito, de que el Tribunal Supremo investigase al político por malversación, además de por un supuesto delito de falso testimonio, derivado de aquella declaración testifical.
El Supremo lo rechazó rotundamente hace un mes. Este tribunal, máximo órgano judicial español, recordó a Peinado que la malversación es un delito doloso, "sin que el simple hecho de ocupar un determinado cargo público, sin más aditamentos sobre el conocimiento de concretas conductas por parte del posible autor, acredite, a su vez, el necesario conocimiento de que los caudales públicos se estuvieran destinando a un fin para el que no estaban previstos".
"La mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público, ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo", concluyó el Supremo.
Cara a cara por cuarta vez
Salvo imprevisto, el próximo 11 de septiembre Begoña Gómez y el juez Peinado se verán cara a cara por cuarta vez.
El 5 de julio de 2024, la mujer del presidente del Gobierno acudió al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por primera vez.
En esa ocasión no llegó a declarar. En una breve intervención que fue grabada en vídeo, alegó que su abogado no había recibido una copia de la querella contra ella y que, por tanto, no había sido notificada "correctamente".
Por ese motivo, volvió a ser citada el día 19 de ese mismo mes. Entonces, la esposa del presidente se acogió a su derecho de no declarar. Su defensa alegó que el juez no había "delimitado con precisión" el objeto de la investigación judicial.
El 18 de diciembre pasado, Gómez acudió por tercera y última vez hasta ahora al juzgado de Peinado. Sí declaro esta vez, pero para responder sólo a las preguntas de su abogado y negar haber cometido cualquier delito.