El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar, como investigadas, a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y a su principal asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos.
Así consta en una resolución, fechada este mismo lunes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Peinado tomará declaración a la mujer del presidente del Gobierno el próximo 11 de septiembre, a las diez y media de la mañana. Álvarez, por su parte, está citada para el día previo, el 10 de septiembre, a las 11:00 horas.
El magistrado pretende interrogar a la esposa de Sánchez acerca de la contratación de Cristina Álvarez como su principal asesora en Moncloa.
Peinado ya preguntó, de forma insistente, sobre este mismo asunto al actual ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En su caso, fue interrogado como testigo, para lo cual el juez se desplazó al Palacio de la Moncloa.
De hecho, posteriormente, el instructor del caso Begoña trató, con nulo éxito, de que el Tribunal Supremo investigase al político por malversación, además de por un supuesto delito de falso testimonio, derivado de aquella declaración testifical.
Una y otra vez, Peinado preguntó a Bolaños en Moncloa de quién partió la decisión de contratar a Álvarez como asesora de Gómez en la Moncloa. El dirigente, antes de ser ministro, fue secretario general de Presidencia del Gobierno.
Gestiones privadas para Gómez
Durante la tramitación del caso Begoña —en el que la mujer de Sánchez ya consta investigada por otros cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional—, se ha constatado que Álvarez realizó gestiones en favor de los asuntos personales de Gómez.
Por ejemplo, la asesora envió un correo, en nombre de la esposa de Sánchez, a la empresa Reale Seguros, para tratar de que esta compañía siguiera financiando la cátedra que Gómez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). EL ESPAÑOL publicó aquel e-mail, fechado el 8 de febrero de 2024.
Por todo ello, a finales de ese año, el partido Vox presentó una querella contra Gómez y Álvarez por un supuesto delito de malversación de fondos. También, contra Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid y a quien la formación consideraba antiguo "superior jerárquico" de la asesora, dado que desempeñó el cargo de secretario general de Presidencia de Gobierno.
A raíz de aquella querella, Peinado sumó a la lista de investigados del caso Begoña a Martín y le citó a declarar.
La Audiencia Provincial de Madrid, órgano jerárquicamente superior al instructor, también se pronunció sobre la querella y manifestó que existen indicios suficientes para investigar si el comportamiento de Álvarez constituyó un delito de malversación, aunque descartó que, por la naturaleza de este ilícito, lo hubiese podido cometer ella.
El tribunal expresó, el pasado mes de junio, que, "según parece", la asesora "excedió claramente sus funciones", al haber realizado gestiones en favor de los negocios privados de Gómez.
De ser así, "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados", señaló la Audiencia madrileña.
"Y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno", señaló el tribunal.
Ahora, dos meses después de aquella decisión de la Audiencia Provincial, Peinado cita a declarar a Gómez y a Álvarez por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. En el caso, de Begoña, se trata del quinto ilícito que le atribuye el juez.