El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado enviar requerimientos al PSOE y al Congreso de los Diputados para que le informe de datos económicos relacionados con el diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Los requerimientos han sido solicitados al instructor por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que está elaborando un informe sobre el patrimonio de Ábalos y ha encontrado ciertas discrepancias entre la información que posee la Agencia Tributaria (AEAT) y la que se refleja en las cuentas de Ábalos.
La UCO pidió al juez que reclamara al PSOE un "informe detallado" de todas las donaciones efectuadas al partido por el diputado.
La Agencia Tributaria imputa a Ábalos haber realizado donaciones al PSOE por un total de 44.729,29 euros.
Pero en los productos bancarios del exministro solo existe constancia de pagos al partido desde el año 2014 hasta el 2024, por un monto total de 8.471,36 euros.
De la misma manera, la UCO quiere aclarar el destino de las percepciones que ha obtenido Ábalos del Congreso, Cámara a la que sigue perteneciendo.
Los ingresos imputados por la AEAT a Ábalos por cuenta del Congreso de los Diputados en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas entre 2014 y 2024 ascienden a un total de 751.421,57 euros.
Sin embargo, la cuantía reflejada en las cuentas del exministro dimanante directamente del Congreso es de 79.841,74 euros en esos años.
Además, existen percepciones económicas giradas como nóminas provenientes de productos bancarios titulados por el Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales.
De este modo, la UCO propuso al instructor que enviase un requerimiento al PSOE para que "informe detalladamente de todas las cantidades dinerarias abonadas por José Luis Ábalos" al partido.
El informe deberá incluir "todas y cada una de las donaciones realizadas, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato que tengan asociadas los referidos abonos".
Asimismo, planteó al juez que dirigiese un requerimiento al Congreso de los Diputados para que informe de todas las retribuciones abonadas a Ábalos, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones.
Puente ha accedido a la petición de los investigadores y ha ordenado cursar esos requerimientos "con el propósito de esclarecer estas aparentes faltas de sintonía en la información disponible acerca de la verdadera situación económica del investigado".
"Cobra del grupo", aclara el PSOE
El PSOE ha hecho público un comunicado en el que explica que sus diputados "cobran su sueldo del Grupo Parlamentario Socialista, no del Congreso de los Diputados".
De ese sueldo "se detrae la aportación voluntaria". Y, por otro lado, cada diputado paga una cuota al partido, "como todos los militantes del PSOE".
Además, los altos cargos afiliados al PSOE "pagan una cuota voluntaria directamente al partido".
El comunicado afirma que "todas esas aportaciones están perfectamente declaradas ante la Hacienda pública y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos".
Vida laboral de Cerdán
El magistrado también ha requerido a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral de los cinco empresarios que tienen la condición de investigados en la causa (Joseba Antxón Alonso, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino y José Ruz), así como de los también investigados Santos Cerdán y Koldo García, y de la exmujer de este último Patricia Uriz.
Esta petición se refiere al periodo comprendido entre 2014 a 2024 y se realiza “al efecto de conocer el desempeño laboral desarrollado por las mismas en el referido espacio de tiempo y, en consecuencia, el vínculo que aquéllas hubieran podido mantener con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban”.
Puente ha requerido, asimismo, a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para obtener datos los empresarios investigados en la causa y de sus empresas, y también de la fundación Fiadelso, para completar la verdadera situación patrimonial de las personas físicas, así como de las personas jurídicas en cuyo beneficio pudieran las primeras haber venido actuando.
El juez explica que la información que se obtenga podrá ser cruzada con los datos bancarios de dichas personas que ya fueron solicitados a diferentes bancos en los mandamientos acordados hace unas semanas.
Ello permitirá “conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuáles determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquéllas, al efecto de confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, en lo hasta ahora practicado”.