Las carreras judicial y fiscal vivieron ayer su segunda jornada de huelga para lograr la retirada de dos proyectos legislativos impulsados por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que consideran contrarios a los principios de independencia judicial y de autonomía del Ministerio Público.
Las organizaciones convocantes -las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- cifraron la participación en torno al 70%.
Y vuelven a remarcar que "lo verdaderamente responsable sería sentarse para tratar de solucionar los problemas en beneficio de la ciudadanía".
El Ministerio rebaja el seguimiento del paro al 30,84% basándose en las suspensiones de juicios y señalamientos de las que han informado los letrados de la Administración de Justicia.
Pero las asociaciones señalan que estos datos son incompletos porque no todos los jueces y fiscales que han secundado la huelga tenían señalados juicios o vistas.
En todo caso, la novedad de la jornada ha sido el rechazo de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales a una enmienda introducida por el Grupo Socialista del Congreso al proyecto de ley que, entre otra medidas, introduce un proceso de 'estabilización' por el que un millar de jueces y fiscales van a poder acceder a la Magistratura y la Fiscalía tras superar un dictamen y una valoración de méritos.
Ninguna de esas dos asociaciones ha secundado la huelga convocada por las otras cinco, que protestan muy principalmente contra ese proceso de 'estabilización' porque consideran que se opone a los principios de mérito y capacidad para acceder a la Judicatura y la Fiscalía y contrasta con la dureza de la oposición libre.
Pese a la postura del Secretariado, miembros de JJpD han hecho pública su oposición a la 'reforma Bolaños'. La enmienda del PSOE ha acabado por situar a JJpD y a la UPF en una posición crítica.
El texto del proyecto establece que podrán participar en el proceso de 'estabilización' quienes tengan el título de grado en Derecho y acrediten tener al menos cinco años de ejercicio profesional (incluso sin relación con el Derecho).
El proyecto indica que quienes accedan a la carrera judicial quedarán adscritos a un Tribunal Superior de Justicia y quienes accedan a la carrera fiscal, a la Fiscalía de una Comunidad autónoma. Pero deberán optar a las plazas que se oferten en el primer concurso de traslados de su categoría que se convoquen.
La enmienda del PSOE presentada el pasado 20 de junio precisa el número de plazas que se ofertan en el proceso de 'estabilización' (673 para jueces y 331 fiscales) y reduce quiénes podrán participar: los que tengan el título de licenciatura o grado en Derecho y acrediten tener al menos cinco años de ejercicio "en profesiones jurídicas que exijan para su desempeño estar en disposición de esa titulación y que legal, reglamentaria o estatutariamente tengan encomendadas funciones jurisdiccionales o de actuación ante juzgados o tribunales".
Esto acota la regularización a quienes ya vienen ejerciendo como jueces y fiscales sustitutos o actúan como abogados y procuradores.
Añade que el proceso selectivo de acceso a la carrera judicial se hará por órdenes jurisdiccionales y no se podrán ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional o una especialidad distinta, salvo que superen las pruebas selectivas o de especialización (salvo que se trate de plazas de nombramiento discrecional).
El punto de la discordia introducido por la enmienda socialista señala que quienes accedan a la carrera judicial o fiscal en ese proceso de 'estabilización' podrán elegir entre quedar adscritos al Tribunal Superior de Justicia o Fiscalía de la Comunidad autónoma de su último nombramiento o en su lugar de residencia. Y no podrán concursar en los cinco años siguientes.
Rechazo de JJpD
Jueces y Juezas para la Democracia critica en un comunicado hecho público ayer que sigan sin ser públicas y de acceso general las cartas de la UE que el Ministerio esgrime como justificación del proceso de 'estabilización'.
En realidad, considera que "sigue sin ser propiamente un proceso de estabilización".
"La delimitación de los requisitos para participar en el mismo hace que no sea un proceso dirigido a reparar o sancionar los potenciales abusos de temporalidad, sino un proceso extraordinario que limita las/os participantes pero que va dirigido a un colectivo más amplio que el de la judicatura y fiscalía interina", señala.
Considera, además, que "sigue siendo discriminatorio y contradictorio con los requisitos para acceder al cuarto turno, rebajando los mismos" y "sigue incidiendo en los derechos y expectativas de quienes ya son parte de la carrera judicial, reduciendo y afectando a los mismos".
Pero lo más relevante no son "los errores que sigue teniendo, sino que las novedades propuestas ahondan hasta hacer inasumible, discriminatorio y profundamente disruptivo para los derechos profesionales y el servicio público de justicia".
Para JJpD, permitir la adscripción de las juezas y jueces sustitutos a los tribunales en los que vinieran sirviendo con anterioridad es una medida que "no tiene justificación, provoca la ruptura del principio de igualdad dentro de la carrera judicial, cercena los derechos a la movilidad profesional de los miembros que ya están en la carrera profesional, y afectará al normal desarrollo de la planta judicial".
Impedir que concursen en un plazo de cinco años "es una restricción a un derecho profesional que carece de justificación" y "resulta también discriminatoria para quienes vayan a acceder a través de este potencial sistema y una causa de disrupción en el normal desarrollo de concursos y movilidad dentro de la carrera, además de fomentar la temporalidad y la movilidad forzosa dentro de la propia carrera".
Indica también que resulta "arbitrario" establecer "unilateralmente y sin audiencia" del Consejo General del Poder Judicial ni del colectivo un número de plazas de estabilización "cuyos criterios de determinación y forma de alcanzar ese resultado desconocemos".
Además, "rebajar a un 40 la puntuación necesaria para considerar aprobado un dictamen supone excepcionar la normal apreciación de suficiencia y capacidad exigible a los aspirantes que se sitúa en un 5 (o 50)".
JJpD afirma que "siempre estará dispuesta a trabajar por el bien común y por la carrera judicial" y "reconocemos al colectivo de personas sustitutas".
"Sin embargo", concluye, "jamás apoyaremos un régimen discriminatorio, disruptivo y arbitrario como el que se presenta".
UPF se replantea el apoyo
En un comunicado más breve, la UPF insiste en la misma idea. Señala que con la enmienda socialista los que superen el proceso de 'estabilización' tendrán un derecho de elección entre el lugar de su último nombramiento o su domicilio, "derecho que jamás se ha reconocido en
ningún proceso de acceso a la función pública ni por supuesto a la carrera fiscal".
A su juicio, antes de convocar el proceso de 'estabilización' el Ministerio debería ampliar la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en esas 331 plazas, que las mismas sean ofrecidas en concurso a toda la plantilla y las que quedasen vacantes se ofreciesen en su caso a las personas que
accediesen a la carrera fiscal por el procedimiento extraordinario de estabilización.
La UPF solicita la "retirada inmediata" de la enmienda. Si no fuera así, podría replantearse la postura "y asumir un rechazo total a este proyecto legislativo, así como adoptar otras medidas de conflicto que puedan surgir".