Los 5.400 jueces y 2.800 fiscales españoles están llamados a una huelga de tres días que comienza hoy para reclamar la retirada de dos proyectos legislativos del Ministerio de Justicia en los que ven riesgo de "injerencia política".
Cinco organizaciones -las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- ofrecieron al Ministerio el pasado 17 de junio desconvocar el paro si las iniciativas son retiradas.
Pero el ministro Félix Bolaños no solo rechaza dar marcha atrás, sino que tramita la reforma judicial, ya en el Parlamento, por el trámite de urgencia y ha acelerado los trabajos para la modificación del estatuto del Ministerio Público.
Además, el Ministerio ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado que cada día en el que estén convocados estos paros le informe, antes de las 14:00 h, de los jueces y fiscales que no acuden a sus puestos con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y detraerles el salario correspondiente.
"Esta comunicación es necesaria para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el Ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados", señaló ayer en un comunicado.
La huelga ha estado precedida de otras protestas sin impacto en la tramitación de los asuntos de los ciudadanos: un paro de 10 minutos el 11 de junio y una exitosa concentración el pasado sábado ante el Tribunal Supremo.
Durante estas protestas, las asociaciones convocantes han subrayado que la reforma judicial que se proyecta "no responde a demanda social alguna" y "ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial".
A su juicio, la reforma que impulsa Bolaños "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".
"Pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces" y "crea un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, esto es, el poder ejecutivo interviniendo en la selección de los miembros del poder judicial, con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país", afirman.
Se oponen también a la integración en la carrera judicial de un millar de jueces y fiscales sustitutos mediante la realización de un "simple dictamen práctico y, consecuentemente, yendo en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".
"En definitiva", resumía el comunicado, "se crean diferentes vías de acceso para ser juez o fiscal: una, ardua y difícil, de mucho estudio, para quienes no tienen contactos, y otra más sencilla para que la transiten aquellos a quienes le interese en cada momento al poder político".
Respecto a la carrera fiscal, sostienen que "se quiere aumentar el poder del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo".
"A la vez se pretenden eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes", han denunciado. "Fiscales a los que, en estas condiciones, se les quiere dar dos cosas: el mando de la policía judicial (UCO y UDYCO incluidas) y la investigación de los delitos, en sustitución de los jueces de instrucción".
"Nadie duda de la alta capacitación y de la profesionalidad de los fiscales españoles", precisaron, "Lo que cuestionamos es el sistema en el que se pretende que ejerzan su trabajo, un sistema que, tal y como se quiere diseñar, incrementará aún más, si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas que interesan a cualquier Gobierno, que son las causas de corrupción".
"La existencia de un Poder Judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía verdaderamente imparcial y libre de injerencias políticas", manifiestan.
"Ambas exigencias, que suponen que la política saque sus manos de la Judicatura y la Fiscalía, son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país".
A su parecer, estas reformas van encaminadas a convertir al Poder Judicial en "un poder con minúscula, un poder más débil en su función de servir de contrapeso, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder político".
Las asociaciones advierten de que no reclaman más salario ni mejores condiciones de trabajo, sino "una mejor justicia, una mejor Fiscalía".
Servicios mínimos
Como en anteriores paros, el Consejo General del Poder Judicial ha considerado que la medida de protesta no tiene un expreso amparo normativo, por lo que no ha fijado servicios mínimos.
Sí lo han hecho las organizaciones convocantes, que han fijado determinadas actuaciones que deben practicadas en el servicio de guardia y en cada uno de los órdenes jurisdiccionales.
Hay actuaciones que apenas se verán afectadas, como las relativas a la violencia de género y, en general, las medidas cautelares urgentes.
El Ministerio sostiene, en cambio, que es necesaria una reforma "que moderniza las carreras judicial y fiscal por primera vez en 40 años y, especialmente, las pruebas de acceso, que son del siglo XIX".
"Se trata de blindar las becas para opositores, incluir un examen escrito para medir más habilidades además de las memorísticas, garantizar que los exámenes escritos son anónimos y los orales son grabados, que los jueces que preparen a opositores se inscriban en un registro público y establecer un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas para cumplir con la UE y evitar una sanción millonaria a España por la Comisión Europea", afirma.