Las cinco asociaciones de jueces y fiscales que promueven una huelga que comenzó ayer y durará hasta este miércoles se mostraron ayer "muy satisfechas" del seguimiento del paro, con el que buscan la retirada de dos proyectos legislativos impulsados por el Ministerio de Justicia.
Uno de ellos, ya en tramitación parlamentaria por vía urgente, cambia el sistema de acceso a la carrera judicial. El otro, aún un anteproyecto, refuerza los poderes del fiscal general y devalúa al Consejo Fiscal, el único órgano de representación de la carrera.
"Lamentamos profundamente que, por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación", manifestaron los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Indicaron que el Ministerio de Justicia "no haya llamado" para evitar la huelga. "Que el empleador no intente evitar un conflicto colectivo es algo que no me cabe en la cabeza", manifestó Sergio Oliva, de la AJFV.
"Nos habría encantado entrar en una mesa de negociación y poder llegar a un entendimiento", al considerar que las asociaciones de jueces y fiscales tienen "mucho que aportar". "No somos una especie de conspiración judeo-masónica que va contra el Gobierno. Queremos lo mejor para la ciudadanía", indicó Oliva.
Las asociaciones han cifrado en el 75% del conjunto de ambas carreras el seguimiento de la huelga en la primera jornada.
Lo han computado teniendo en cuenta el número de jueces y fiscales que han comunicado que están secundando la protesta a las cuentas de correo creadas por el comité de huelga (una para jueces y otra para fiscales), la información proporcionada por los decanatos de las principales ciudades y el número de jueces y fiscales que ya están de vacaciones o se encuentran de baja.
Las asociaciones calificaron de "lógico" que el Ministerio de Justicia detraiga la parte de salario que corresponda a quienes hayan secundado la huelga, aunque determinarlo será complicado: ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General tienen los datos sobre la identidad de los huelguistas y, además, muchos de ellos han prestado los servicios mínimos establecidos por el comité de huelga.
Los convocantes no tienen datos sobre el número de juicios o señalamientos suspendidos, pero sostienen que el impacto sobre la ciudadanía "ha sido limitado" gracias a esos servicios mínimos.
Sin embargo, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, manifestó ayer que “no contamos con cifras oficiales del seguimiento de este primer día pero los decanos me han ido transmitiendo ya las incidencias, las suspensiones y los desplazamientos en vano que se han producido en sus territorios. Sea cual sea la incidencia de la huelga, un solo día es mucho y el impacto es grande”.
“El 2024 se cerró con casi ocho millones de asuntos pendientes y podríamos terminar 2025 con un panorama mucho peor”, añadió.
Es el Ministerio de Justicia el que puede determinar el número real de suspensiones de juicios, ya que los letrados de la Administración de Justicia, que dependen de él, conocen ese dato.
El departamento de Bolaños sigue defendiendo "la necesidad de una reforma que moderniza las carreras judicial y fiscal por primera vez en 40 años y que, básicamente, blinda por ley las becas para opositores; incorpora un examen escrito en las oposiciones para medir más habilidades, además de las memorísticas; y establece un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas -la mayoría, mujeres-- para acabar con la precariedad y cumplir con las exigencias de la Unión Europea".