Es dudoso que la mejor estrategia posible cuando se comparece ante un juez sea afirmar que "el único motivo" por el que "estoy hoy aquí" es "mi militancia socialista" y haber sido "uno de los arquitectos para conseguir gobiernos progresistas".
Ni indicios de corrupción, ni audios incriminatorios, ni mensajes de Whatsapp preguntando por obras públicas de adjudicación sospechosa, ni documentos hallados en registros... El motivo de ser investigado es que "soy objetivo de las personas a las que no han gustado los Gobiernos progresistas".
Así lo dijo ayer Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez en la dirección del PSOE, durante su comparecencia en el Tribunal Supremo tras el demoledor informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le atribuye un papel directivo en una trama de 'mordidas' a cambio de contratos públicos.
A preguntas de su abogado, Benet Salellas, Cerdán no habló explícitamente de 'lawfare' pero acogió esa tesis al manifestar que "hay una parte de los poderes de este país, dentro y fuera del Estado, que no han aceptado que gobierne Pedro Sánchez, menos después de las elecciones del 2023".
Y acto seguido alardeó de su papel para lograr que triunfara la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa en 2018, de haber conseguido el apoyo del PNV, de haber "pilotado" las relaciones con Bildu, de ser el interlocutor de Junts, de haber pactado con Puigdemont la investidura y la ley de amnistía....
- ¿Negoció también con ERC?, preguntó Salellas.
- No, el negociador fue siempre Bolaños. Por eso ha sido el siguiente objetivo, contestó Cerdán, en referencia a la exposición remitida al alto tribunal por el instructor de las diligencias contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez.
"¿Qué ha dicho?", interrumpió el juez del Supremo Leopoldo Puente. Cerdán se reafirmó: "El responsable [de negociar con ERC] es Félix Bolaños y por eso puede ser el siguiente objetivo".
Puente no volvió a intervenir y en la resolución por la que envió a Cerdán a la cárcel pasa por encima de semejante alegato político, con cierta ironía: "A su juicio", escribió el instructor del Supremo, "el único motivo de que aparezca imputado en la presente causa especial respondería a una suerte de 'reacción' de 'determinadas fuerzas' cuya identidad no termina de concretar".
Quien sí replicó con contundencia a Santos Cerdán fue el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. "En ese interrogatorio complaciente de su abogado usted ha dado explicaciones pobres, sesgadas y victimistas", le dijo.
"Ha hecho insinuaciones ofensivas para el Poder Judicial y que no responden a la realidad", añadió Luzón, que calificó de "abrumadores" los indicios de que Cerdán "lideró" una organización criminal dedicada a cobrar 'mordidas' a determinadas empresas a cambio de adjudicaciones públicas.
Luzón, cuya petición fue determinante para que Puente enviara a Cerdán a Soto del Real, sugirió al investigado que "repase las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción durante los últimos 25 años", incluidos el caso Gürtel o el caso del 3%, por ejemplo.
Salellas insistió, no obstante, en la misma idea cuando intervino para oponerse al encarcelamiento provisional de su cliente, "una persona con altísima responsabilidad política en la existencia del actual Gobierno del Reino de España".
"Es pública su función negociadora con los que han sido los apoyos parlamentarios al gobierno y su papel de elaboración de la tan discutida ley de amnistía, habiendo provocado ambas encomiendas durísimas críticas y campañas de desprestigio por los actores sociales de la derecha política y la extrema derecha", dijo el letrado.
Salellas pareció apuntar a la UCO al señalar que "hasta qué punto esta investigación policial -no la actuación de este Tribunal, dejémoslo claro- es una suerte de litigio estratégico de la extrema derecha contra la participación política es algo también que intentaremos acreditar". Y dejó apuntada una línea defensiva: "Los denominados SLAPP [Strategic Lawsuits Against Public Participation, demandas estratégicas contra la participación pública"] son de preocupación máxima para las autoridades europeas".
"Quien pide la prisión provisional en esta comparecencia es precisamente la representación procesal de varios partidos políticos (PP, VOX, UPN), extremo que casa claramente con nuestra sospecha", manifestó.
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