La Audiencia Nacional ha embargado tres embarcaciones, varias fincas y 112 plazas de garaje a Álvaro Romillo.
Este empresario está investigado por la supuesta estafa piramidal cometida por el conglomerado de empresas que controlaba, denominado Madeira Invest Club (MIC) y dedicado a la inversión en relojes de lujo, criptoactivos, inmuebles, fincas, coches deportivos, restauración, coleccionismo...
Romillo también confesó el año pasado haber pagado 100.000 euros en efectivo al agitador Alvise Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas, en las que éste obtuvo tres escaños en Bruselas.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a nuevas resoluciones judiciales que ordenan, en primer lugar, el embargo de tres barcos propiedad del empresario y, en segundo lugar, le instan a que aporte voluntariamente a la Justicia sus libros de contabilidad. Si accede, tiene un máximo de 40 días para ello.
Según consta en uno de estos autos, el juez solicita una "relación completa de los inversores" de Madeira Invest que señale en qué, cuánto y cómo invirtió cada cual.
También, una lista de "la totalidad de las cuentas bancarias en las que se efectuaron los ingresos para llevar a cabo la operativa del MIC" y todos los "libros de contabilidad, balances y cualquier soporte documental que recoja el monto total de las cantidades ingresadas por el negocio desarrollado y destino aplicado a las cantidades invertidas".
De esta forma, el juez José Luis Calama atiende las peticiones de la Fiscalía, que había solicitado ambas diligencias.
En concreto, la Audiencia Nacional embarga un bote pesquero Scout 530 adquirido en 2024 por 2,5 millones de euros por parte de una empresa portuguesa de Romillo. Este barco, actualmente, se encuentra en República Dominicana, país donde el investigado realizó varias inversiones.
Calama también ordena bloquear un yate Leopard 34 llamado Joker, adquirido a través de la empresa albanesa Wortend SHPK en junio de 2024 por 2,65 millones de euros y que está actualmente en Miami (EEUU).
Y, en tercer lugar, el juez embarga un yate llamado Alter Ego, de más de 30 metros de eslora, adquirido a finales de 2024 por Romillo por 3,8 millones de euros a través de su empresa Sabrosso Lda.
Fue, precisamente, en octubre de año pasado cuando la web del MIC fue clausurada sin previo aviso y los retornos dinerarios hacia los inversores cesaron por sorpresa.
Por eso, cientos de ellos, representados mayoritariamente por el bufete Zaballos Abogados, se querellaron contra Romillo y contra las empresas que conformaban el MIC.
Durante la campaña de las elecciones europeas, el todavía candidato Luis Pérez (nombre real de Alvise) recomendó la inversión a través de este conglomerado. Lo hizo, micrófono en mano, durante un acto celebrado en el Hipódromo de La Zarzuela, en Madrid.
Posteriormente, Romillo confesaría haber pagado 100.000 euros en efectivo al agitador para financiar sus gastos de campaña. El empresario aportó a la Fiscalía varios chats entre ambos en los que el hoy eurodiputado le agradecía esta entrega y se comprometía a hacer "lobby masivo" desde Bruselas en favor del MIC y de la inversión en criptomonedas.
No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya venía advirtiendo, desde 2023, de este chiringuito financiero. Con estas concretas palabras definió la CNMV al MIC, ya que no contaba con las autorizaciones necesarias para las inversiones que ofrecía.
EL ESPAÑOL desveló que, tal y como consta en un informe de la Guardia Civil, Romillo gastó casi 44 millones de euros en comprar barcos sin relación alguna con las inversiones que ofrecía Madeira Invest Club.
El empresario, que emplea en las redes sociales el alias de CryptoSpain, generalmente, aparece en público con una mascarilla que oculta su rostro. Así se ha mostrado tanto en entrevistas en televisión como cuando acudió a declarar como investigado a la Audiencia Nacional, tal y como se aprecia en la imagen que ilustra esta noticia.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas de este caso, cifra la supuesta estafa, en total, en más de 261 millones de euros.
Por el momento, además de las fincas y barcos embargados, Calama también ha ordenado, tal y como adelantó este periódico, el bloqueo de 29 millones de euros cuyo destino fue una cuenta en Singapur.
El juez considera que esos fondos se derivan de la presunta estafa comandada por Romillo y para la cual se habría valido de personas de su núcleo cercano, como varios familiares, administradores de ciertas compañías.