El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha llamado a declarar como testigo para el próximo día 21 a Ignacio Díaz Bidart, que fue jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto.
Bidart se reunió el 28 de diciembre de 2020 con el principal accionista de la mercantil Villafuel, Claudio Rias, y con la empresaria Carmen Pano. La reunión se produjo tras las gestiones realizadas por Víctor de Aldama ante Ábalos y su asistente, Koldo García, para lograr que Villafuel consiguiera la licencia de operadora en el mercado de los hidrocarburos.
A la reunión con Bidart asistió, de hecho, el propio Koldo García. Su agenda recoge encuentros anteriores con el entonces jefe de gabinete de la ministra, por ejemplo el 14 de junio de 2021, cuando se estaba analizando en Industria el expediente de Villafuel.
La citación del jefe de gabinete de Maroto -la cual intercambió numerosos mensajes con Aldama, pese a que inicialmente ella negó conocerle- ha sido solicitada por el PP, personado como acción popular en el 'caso Ábalos'.
El magistrado Leopoldo Puente considera pertinente la comparecencia de Bidart "a los efectos de acreditar la existencia de la mencionada reunión [del 28 de diciembre de 2020], así como la persona que pudo haberla impulsado o promovido".
La resolución del instructor es elocuente sobre la dirección de la investigación: "Lo que aquí se atribuye a Ábalos Meco, y por extensión a García Izaguirre, es haber desplegado su influencia, a instancia del también investigado Aldama, a cambio del premio económico que podrían haber recibido, que se concreta en el disfrute de la vivienda", el chalé de La Alcaidesa, en Cádiz.
Y ello "para que la concesión de esa licencia pudiera agilizarse, propiciando al respecto las correspondientes reuniones en el Ministerio de Industria".
El instructor del Supremo afirma que tanto de los informes de la UCO como de las declaraciones de Aldama y de Pano se desprende un "robusto conjunto de indicios" expresivos de que, "en efecto, Aldama podría haber interesado de Ábalos y García que favorecieran la tramitación de la licencia de hidrocarburos" para Villafuel.
El exministro y su asistente habrían "propiciado con los órganos competentes para ello la celebración de las reuniones precisas, reuniones que, al parecer, tuvieron efectivamente lugar merced a los oficios de aquéllos".
A cambio, Claudio Rivas, beneficiario directo de la licencia finalmente concedida, "habría adquirido, a través de la empresa Have Got Time, una vivienda del gusto de Ábalos, cediéndosela a éste en arrendamiento, con opción de compra", afirma.
En cambio, el instructor ha rechazado el resto de diligencias solicitadas por la acción popular, entre ellas la declaración de la mujer de Koldo García, Patricia Úriz; la del exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura; la del expresidente de Renfe Isaías Taboas; la del director gerente de Logirail, Óscar Gómez. Tampoco acepta llamar a declarar a los dos jefes que tenía en Logirail la examiga íntima de Ábalos Claudia Montes, que fue colocada por el entonces ministro en la empresa logística de Renfe.
El magistrado no considera necesarias esas diligencias, al menos por ahora, dado que el objeto de la investigación es el "posible tráfico de influencias" que, con el fin de lograr una "pretendidamente irregular contratación" (de Montes y también de Jésica Rodríguez) hubieran podido desplegar Ábalos y García. Pero no se investiga "la posible comisión por parte de terceros de eventuales irregularidades al respecto, incluso aunque pudieran tener éstas perfiles delictivos", lo que puede investigarse en la Audiencia Nacional en el marco de 'caso Koldo'.
El instructor ha vuelto a llamar a declarar a Claudia Montes, que no compareció el pasado 6 de mayo alegando problemas de citación.
Tras recibirse un oficio de la Policía Local de Gijón sobre su paradero, el juez la ha citado para el 21 de mayo con expreso apercibimiento de que, en caso de no comparecer sin motivo previamente justificado, se le impondrá una multa de entre 200 y 5.000 euros, de acuerdo con lo previsto en la ley.