La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expresa su "respaldo" a los jueces españoles después de que el acuerdo firmado entre Junts y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez aludiese a un supuesto lawfare. La UIM alerta de sus "perniciosos efectos" si llega a materializarse lo pactado, como la creación de comisiones parlamentarias que analicen la labor judicial.

El término anglosajón lawfare hace referencia a las causas judiciales mendaces, a la politización de la Justicia para boicotear las aspiraciones de una persona o de un partido. Por ejemplo, Podemos y los líderes independentistas se quejan de haberlo sufrido en sus propias carnes en varias causas judiciales.

Y el pacto PSOE-Junts concibe la creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados que fiscalicen las actuaciones judiciales sospechosas, a ojos de los parlamentarios, de estos comportamientos.

En respuesta, la UIM, una organización internacional profesional y apolítica, fundada en 1953 y que reúne a asociaciones nacionales de jueces de 92 países, critica los términos empleados en este acuerdo.

La Unión Internacional de Magistrados expresa su "preocupación" por estas referencias al lawfare y a la judicialización de la política, así como por "la publicación por determinados medios [de comunicación] de nombres de jueces a los que se les puede atribuir estas actuaciones; incluso, alguno de ellos, cuya actividad no ha tenido relación alguna, con la pretensión de los partidos independentistas, sino con temas de corrupción y terrorismo".

Por ejemplo, Josep Lluís Alay, exjefe de gabinete de Carles Puigdemont y uno de los investigados en el caso Tsunami Democràtic, acusó al juez que investiga esta causa judicial, Manuel García-Castellón, de cometer lawfare. Lo hizo horas después de que se firmase dicho pacto político. Tanto Puigdemont como Alay están imputados por terrorismo por este juez de la Audiencia Nacional.

La UIM recuerda que los jueces, tal y como recoge la Constitución, están sometidos

únicamente "al imperio de la ley".

"La Unión Internacional de Magistrados expresa su respaldo a todos los integrantes del Poder Judicial del Reino de España, por cuanto, de materializarse determinados puntos del acuerdo de investidura, sus perniciosos efectos implicarían la vulneración de la independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes, lo que supone una descalificación del Estado de Derecho", concluye el comunicado, firmado en Sao Paulo (Brasil) por el magistrado Walter Barone, presidente del Grupo Iberoamericano de la UIM, y por su colega Francisco Silla, vicepresidente del mismo.

Enfado judicial

Las referencias al lawfare en el acuerdo suscrito entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont han soliviantado al mundo judicial.

Su párrafo más polémico reza así: "En las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Ya se han pronunciado criticándolo los jueces decanos de más de 80 partidos judiciales, todas las asociaciones de jueces de España (la Asociación Profesional para la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la considerada progresista Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y las de fiscales. También, los presidentes de las Audiencias Provinciales y varias Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

Este lunes, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo —es decir, del máximo órgano judicial español— se opuso a la "fiscalización de la labor jurisdiccional por parte de otro de los poderes del Estado".