Prosiguen las negociaciones hacia una ley que amnistíe el procés... a la vez que avanzan también las causas judiciales que, muy posiblemente, se verán afectadas por la nueva norma.
Este viernes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmaba el fin de la investigación sobre los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que fabricaron explosivos y habrían planeado asaltar el Parlament catalán.
Casi al mismo tiempo, este diario publicaba el último informe en el que la Guardia Civil destripa las costuras de Tsunami Democràtic, la organización independentista investigada ahora por terrorismo y que estuvo detrás de los disturbios en el Aeropuerto del Prat a finales de 2019. En el último de los informes enviado al juez, el Instituto Armado, de nuevo, volvía a señalar a Marta Rovira, secretaria general de ERC, como "coordinadora" de esta plataforma.
Ambas investigaciones judiciales corren a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Manuel García-Castellón.
El juez procesó a los 12 CDR por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos "con carácter terrorista". Al tratarse de un sumario, la Sala de lo Penal, la instancia superior al Juzgado, ha sido la encargada de dar por terminada esta investigación.
Uno de los CDR arrestados manejando sustancias explosivas, en una imagen tomada durante las vigilancias efectuadas por la Guardia Civil.
Y este viernes el tribunal mandó al banquillo de los acusados a los 12 miembros del Equipo de Respuesta Táctica de los CDR que pretendían, a través de acciones violentas, conseguir la independencia de Cataluña. Ahora, el Ministerio Fiscal tendrá cinco días para redactar su escrito de acusación contra ellos.
El juez García-Castellón también investiga un supuesto delito de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic.
La Guardia Civil constata en su informe el "constante celo" de sus miembros "por mantener en secreto su identidad". Pese a ello, los agentes han podido situar a relevantes personalidades del independentismo detrás de esta organización, como sus valedores en la sombra o como enlaces de la plataforma con el ámbito político.
[La Guardia Civil sitúa a Marta Rovira (ERC) como "coordinadora" del Tsunami que tomó El Prat]
Los agentes de la Jefatura de Información del Instituto Armado consideran a la secretaria general del ERC, Marta Rovira, "coordinadora" del Tsunami y el nexo de la organización con Esquerra.
La Guardia Civil señala que Rovira usó el alias de Matagalls en los chats privados en los que animaba a los líderes de este grupo a continuar su cruzada contra España e intermedió entre Tsumani y la dirección de su partido, Esquerra. "Realizó cometidos de coordinación del movimiento en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político", señala al respecto el Instituto Armado.
Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, huida a Suiza, en una imagen del pasado abril.
El informe también atribuyen un papel clave a Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont desde julio de 2018. Antes, había sido coordinador de Políticas Internacionales de Presidencia de la Generalitat cuando ésta estaba encabezada por Quim Torra.
De hecho, una conversación entre Alay y un tercero, recogida en el informe de la Guardia Civil, desvela que la mano derecha de Puigdemont conocía, ya en agosto de 2019, la hoja de ruta de Tsunami Democràtic para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés. Una hoja de ruta que, posteriormente, acabaría pasando por el asalto al Aeropuerto del Prat o por los cortes de carreteras. Ambas acciones provocaron varios millones de euros en pérdidas económicas y destrozos.
Mientras tanto, pese al constante tira y afloja y a las evidentes discrepancias, las negociaciones entre Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, y el PSOE avanzan lentamente. O, al menos, no retroceden.
Ahora bien, uno de los escollos que los socialistas se resisten a tragar es el blindaje en la futura ley de amnistía de figuras muy próximas a Puigdemont. El expresident, fugado de la Justicia y convertido hoy en diputado en el Parlamento Europeo, pretende incluir entre los beneficiarios de la norma, precisamente, a Josep Lluís Alay.