La fotografía de Josu Ternera en un banquillo de la Audiencia Nacional se demora, si es que algún día llega a producirse. Hasta que no sea juzgado primero en Francia, el exjefe de ETA no se enfrentará a un tribunal en España.

El terrorista —de actualidad a sus 73 años por haber sido entrevistado por Jordi Évole en su último documental— fue detenido en los Alpes el 16 de mayo de 2019, en una operación conjunta de la Guardia Civil y la policía gala. Llevaba "en la clandestinidad" desde 2003.

Los agentes le localizaron en las inmediaciones del hospital de la localidad de Sallanches. Desde entonces, permanece en Francia. Ese mismo mes, España inició los trámites para solicitar su extradición.

Pero, a pesar de que las autoridades francesas han autorizado su entrega, no sucederá hasta que no se resuelvan allí sus procedimientos judiciales. De hecho, dada esta situación, la Audiencia Nacional ha tenido que posponer sine die el inicio del juicio por el atentando contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.

Aquel ataque sucedió hace más de 35 años, en 1987. Y, pese a que Ternera no hizo explotar el coche-bomba, habría formado parte de la dirección de la banda terrorista cuando se produjo el atentado.

En él murieron 11 personas; entre ellas, cinco niños. También provocó decenas de heridos. La Audiencia Nacional le procesó en abril de 2022.

La Fiscalía pide para Josu Ternera 2.354 años de cárcel, resultado de multiplicar por 30 cada uno de los once asesinatos que se consumaron y 23, por cada uno de los 88 heridos (asesinatos frustrados).

El procedimiento que retrasa su entrega a España es un juicio por pertenencia a ETA. Ya en 2010, Josu Urrutikoetxea —su nombre real— fue condenado por el Tribunal de Apelación de París como dirigente terrorista. Pero, tras ser capturado en 2019, sus abogados recurrieron dicha sentencia y la Justicia francesa ordenó rehacer la investigación. Dicha situación es la que demora su entrega a España, pese al vistobueno de las autoridades galas.

En otro procedimiento, en junio de 2020, la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París sí denegó, por contra, la entrega de Urrutikoetxea a España por supuestos delitos de lesa humanidad. Dos años más tarde, en 2022, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cerró la puerta definitivamente a solicitarlo de nuevo.

Recientemente, la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia (DyJ) envió una carta al embajador de Francia en Madrid para consultarle por la "paralización" de las causas contra etarras en el país vecino.

En su misiva dirigida a Jean-Michel Casa, citaban expresamente el caso de Ternera. Así las cosas, pasarán meses, si no años, hasta que el etarra se siente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.