Francisco Nicolás Gómez Iglesias, apodado El Pequeño Nicolás, ha negado haber accedido a datos policiales para canjearlos después por favores. Así se ha pronunciado este viernes, en un juicio en el que está acusado celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía pide para él casi diez años de cárcel y, en su escrito de acusación, señala que varios policías municipales de Madrid y un guardia civil entonces destinado en la Casa Real le habrían facilitado información sobre la titularidad de varias matrículas.
No obstante, Nicolás —quien sólo ha respondido a las preguntas de su abogado—, ha negado haberse hecho pasar por guardiacivil, como sí ha manifestado otro de los acusados, que es agente de la Benemérita.
"Que yo me haya hecho pasar por guardia civil... en la vida, nunca", ha descartado el joven, antes de asegurar que el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y un trabajador de la Casa Real —Carlos García Revenga, secretario de las infantas Elena y Cristina— le avisaron de que iba a ser detenido en octubre de 2014.
Sobre una cartera con el logotipo de la Guardia Civil encontrada en su domicilio una vez fue arrestado, el joven ha asegurado que no se trata de un producto oficial, sino que, pese a que luciera el escudo del Instituto Armado, es sólo un complemento comprado "en la Plaza Mayor" de la capital.
Gómez Iglesias también ha confirmado que un empresario le entregó 15.000 euros —"no recuerdo la cantidad, pero sí es verdad que me lo dio", ha indicado sobre el dinero— a cambio de ayudarle a "estar en el mundo político o empresarial de Madrid".
Durante su interrogatorio, el acusado ha alardeado de sus "contactos" en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de mencionar habitualmente a Moratinos y García Revenga. A esas mismas influencias han aludido otros acusados, a los cuales la Fiscalía acusa de haber facilitado información policial reservada a El Pequeño Nicolás.
"Me dijo que colaboraba con el CNI. Me hizo pensar que se trataba de un compañero", ha asegurado el guardia civil Javier Sánchez López, antiguamente destinado en Casa Real. El Ministerio Público pide dos años y ocho meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El agente ha manifestado que Gómez Iglesias le habló de su buena relación con un comisario —"supongo que era Villarejo", ha deslizado— y ha narrado que, durante una conversación telefónica con Moratinos, "puso el manos libres [del móvil], incidiendo que estaba con un compañero, para que yo le saludase".
"[Moratinos y Nicolás] estaban tratando sobre un viaje a Guinea [Ecuatorial]. No era el trato de una persona adulta a un adolescente, sino el de dos personas adultas", ha manifestado Sánchez López.
El policía municipal jubilado Jorge González Hormigos, también acusado, ha subrayado que Nicolás era "habitual" en foros empresariales a los que acudían representantes del Ibex-35. "Le he visto con ministros, con la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con alcaldes... Era una persona que estaba dentro de nuestro entorno de trabajo", ha insistido. "Ni he solicitado nada ni me han dado nada", ha sostenido.
Otro policía municipal, también acusado, ha manifestado que conoció a Gómez Iglesias en un acto del Partido Popular, en el que el joven realizó labores de protocolo.
"Había autoridades que se dirigían a él por su nombre. 'Hola, Fran, ¿qué tal estás?'", ha ejemplificado, tras recalcar que el joven "jamás" le propuso ningún negocio. El agente municipal ha confirmado que "estaba dentro de la normalidad" que "gente que no era de la Policía", como asesores y personal de protocolo, consultase por la titularidad de ciertas matrículas.
Dos psicólogos que, durante los últimos años, han analizado a Gómez Iglesias han confirmado que padece un trastorno de personalidad, con rasgos "narcisistas" e "inmaduros". En la actualidad, también sufre ansiedad y depresión.
Una tercera facultativa ha insistido en que tiende a "creerse mas importante que los demás" y tiene la necesidad de "relacionarse con gente importante".
Casi 10 años de cárcel
En el que ya es su quinto juicio, la Fiscalía Provincial de Madrid solicita nueve años y nueve meses de prisión para El Pequeño Nicolás por, supuestamente, encabezar una red dedicada a obtener, de forma ilegal, información policial y utilizarla después a cambio de favores.
Le acusa de los delitos de pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos y cohecho activo.
Siempre según el escrito del fiscal, hasta el año 2014, Gómez Iglesias pidió información a los dos policías municipales acerca de varias matrículas de vehículos. Ambos habrían accedido a una aplicación interna del Cuerpo para consultar quiénes eran los titulares de las placas.
Tenían permitido indagar en esta base de datos, pero únicamente "en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y en el marco de una concreta actuación policial en la que participen", recuerda el fiscal.
Y la información sobre las matrículas —que los agentes habrían proporcionado a Gómez Iglesias a cambio de dinero— habría sido utilizada por el joven para contactar con los titulares de las placas, "a quienes hacía creer que tenía relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas y les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas, con la única finalidad de obtener dinero a cambio de una intermediación que, en realidad, era ficticia".