Un informe de la Policía Nacional señala a seis exjefes de ETA por el atentado contra un cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), cometido el 4 de agosto de 2002.
En este ataque fueron asesinadas dos personas; entre ellas, una niña de seis años. Se trataba de Cecilio Gallego Alaminos, de 57 años, y la menor Silvia Martínez Santiago, hija de un agente de la Benemérita. También provocó más de 50 heridos y cuantiosos daños materiales.
En el documento, fechado a inicios del diciembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía señala a los miembros de la zuba (nombre del comité ejecutivo de la banda terrorista) por estos hechos.
Se trata de Juan Antonio Olarra Guridi (apodado Jokin), Ainhoa Múgica Goñi (Olatz), Félix Ignacio Esparza Luri, Mikel Albisu Iriarte (alias Mikel Antza), María Soledad Iparraguirre (Anboto) y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Lohitzun).
La Policía reitera que la zuba ejercía un "control total" sobre los militantes y era el "máximo órgano director y coordinador" de ETA. En él "estaban representados los responsables de los principales aparatos" (el militar, el internacional, el logístico...) y se encargaba de "proporcionar los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados".
A finales del pasado marzo, el juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ordenó reabrir este sumario, al admitir a trámite una querella de Dignidad y Justicia (DyJ) que se dirigía contra estos seis líderes etarras, ya que, aunque no participaran en la ejecución de los ataques, sí tenían un enorme "dominio" de la "jerárquica" banda terrorista.
Precisamente, el presidente de esta asociación de víctimas es Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, por cuyo asesinato fue condenado Olarra Guridi a 30 años de cárcel.
"Piramidal" y "casi militar"
El informe de la Policía señala a ETA como "una organización sumamente estructurada y jerarquizada, en la que sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño". "Este responsable les trasmitía las órdenes emanadas de otro responsable superior o directamente del órgano directivo", añade.
La CGI subraya que la estructura de la banda era "muy cerrada", piramidal y de naturaleza "casi militar", basada en una "férrea disciplina".
"Las órdenes de cada responsable se acataban en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización", destaca.
"La zuba ejercía un control total sobre los actos de sus militantes, dónde, cómo, cuándo, y con quién realizaría sus funciones o viviría, afectando a todos los miembros de la organización, también a los presos, los huidos en terceros países y, por supuesto, los que estaban en activo, incluso regulaba cuestiones más personales", señala la Policía en este informe, ya enviado a la Audiencia Nacional.
"La capacidad de elección que tenía un militante una vez que decide entrar en ETA es nula, su futuro, incluso su salida de la organización, lo decide la zuba, ejerciendo un total dominio sobre el militante", concluye el dosier policial.