El juez Manuel García-Castellón, encargado de investigar el caso Cártel del fuego, ha propuesto juzgar al exconseller valenciano y exdelegado de Gobierno Serafín Castellano por el supuesto amaño de contratos de extinción de incendios; especialmente, de helicópteros antifuego.
Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional propone mandar a juicio a un total de 32 personas, por, presuntamente, constituir una organización criminal dedicada a alterar las adjudicaciones mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.
"Ha quedado suficientemente acreditado que un grupo de personas y entidades, actuantes en el sector de la navegación aérea para extinción de incendios, con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública", concluye el juez García-Castellón.
"E, igualmente, que, para ello, se vino corrompiendo, mediante compensaciones económicas, a múltiples funcionarios y autoridades intervinientes en la adopción de decisiones inherentes a los procesos de contratación o del control y ejecución de lo contratado", añade.
Los hechos investigados, según el juez, pueden ser constitutivos de los delitos de organización criminal, alteración de precios en contratación pública, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales.
Según expone la resolución del juez, el principal método empleado para amañar las adjudicaciones era el de incrementar el gasto para beneficiar así a determinadas personas o empresas, permitiendo prórrogas, alterando las condiciones de los contratos o permitiendo determinadas facturaciones.
"Las prórrogas arbitrarias e injustificadas de los contratos y los injustificados expedientes de enriquecimiento injusto generaban incrementos notabilísimos en los importes finales de adjudicación o en los costes totales de los contratos", expresa el juez. "Así, y a título meramente ejemplificativo, en el caso de la Comunidad Valenciana se produjeron incrementos del 175,79%, a causa de prórrogas, revisiones de precios y modificaciones por importe de 5.252.866 euros, que hizo ascender dicho coste hasta 12.184.119,19", destaca.
Los supuestos amaños no sólo se realizaron en España, sino también en otros países, aunque las principales irregularidades se han detectado en la Comunidad Valenciana.
Los empresarios beneficiados y sus compañías —prosigue el auto— se repartieron geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector. E, incluso, celebraron reuniones para decidir qué compañías concurrirían a cada adjudicación, cuáles no, si conformaban ad hoc una unión temporal de empresas (UTE), cómo expulsar a licitantes ajenos al entramado y pactar compensaciones.
"En ocasiones, se provocó que algún concurso quedara desierto, generándose un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad", añade el juez.
Regalos a funcionarios
En su auto, de 22 páginas y fechado este 13 de mayo, Manuel García-Castellón señala que la investigación del caso "ha acreditado" que, "mediante dádivas o regalos", los principales investigados corrompieron a funcionarios y autoridades que intervinieron en las decisiones de contratación.
"Se ha constatado una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector", resume el juez. Entre os regalos, dinero en metálico, móviles y demás equipos informáticos, vehículos, cacerías, armas de fuego, relojes y joyas o estancias en hoteles de lujo.
Según las cifras que aporta el juez, el Serafín Castellano —exconseller en la Generalitat Valenciana; de Sanidad entre 2003 y 2007 y de Gobernación y Justicia, entre 2007 y 2014— percibió regalos vinculados a la caza "por importe no inferior a 163.736,02 euros".
El auto también apunta que al ya fallecido Pedro Hidalgo, en calidad de director general de Interior de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, se le hizo llegar un coche todoterreno valorado en 46.742 euros; supuestamente, a cambio de la emisión de facturas a favor de la empresa Avialsa.
Además de Serafín Castellano, el listado de las otras 31 personas que el juez propone juzgar es el siguiente: Vicente Huerta (Grupo Avialsa T35), Ramón Dinares, Dámaso José Castejón (AECA), Santiago García (Trabajos Aéreos Extremeños, Taexsa), Francesc Xavier Palmés, José María Montalt (Helicópteros del Mare Nostrum), Ángel Martínez (Martínez Ridao Aviación S. L.), Miguel Ángel Martínez (del mismo grupo), María José Cañete (Helicópteros Sanitarios S. A.), Fernando Espejo (Trabajos Aéreos Espejo S. L.), Javier Ortiz (ídem y FAASA), Jaume Arqué (vinculado con, entre otras, Compañía de Extinción General de Incendios S. A., Cegisa, Grupo Inaer, Helicsa Helicópteros S. A.), Javier Hidalgo (hijo de Pedro Hidalgo), Joan Carol (TAF Helicopters S. L.), Josep Teno (Sky Helicópteros), Francisco Lucas (Coyotair S. A.), Manuel Bosch, Rubén García (vinculado con Grupo Inaer, Helicsa Helicópteros S. A. y otros), Francisco Julián Ríos (Hispánica de Aviación S. A.), Antonio Miguel Román (SAP Aviación), Pedro Manuel González (vinculado con FAASA), Héctor Sebastián Tamarit (vinculado con, entre otras, FAASA), Miguel Ángel Tamarit (ídem), Francisco Antonio Alandí, Vicente Bosca, José Miguel Espinosa, Ernesto Esteso, Manuel Delgado, Francisco Javier Madrid, Ángel Francisco Pérez y Antonio Martínez.