El juez Adolfo Carretero, encargado de investigar el caso Mascarillas, ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que aporte "todas las propuestas u ofertas recibidas de distribución de material sanitario" entre marzo y abril de 2020.
El objetivo: "comparar las condiciones ofertadas en dichas propuestas, con las condiciones ofrecidas por los investigados" en esta causa, el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño. Así consta en un auto, fechado este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, investiga la supuesta estafa sufrida por el consistorio de la capital en tres contratos de material sanitario.
Asimismo, el juez ordena al Ayuntamiento "que indique si en dicho período recibieron propuestas u ofertas de material sanitario a través de otros medios, vía WhatsApp, Telegram o de modo verbal que figuren registradas". Tendrán 20 días para hacerlo. De esta forma, el magistrado acepta una solicitud del partido Más Madrid, personado en el caso Mascarillas como acusación popular.
Concretamente, en el caso de las ofertas recibidas por e-mail, el juez pretende obtener todas las ofertas recibidas, entre el 13 y el 24 de marzo, en las siguientes direcciones: cgalcaldia@madrid.es (el correo genérico de la Coordinación General de la Alcaldía), el perteneciente a Elena Collado (la funcionaria encargada de gestionar la compra de material sanitario y quien negoció con Luceño) y a través de cgpresupuestosyrrhh@madrid.es, adscrito a la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.
"Mascarillas tuneadas"
Por otro lado, Alberto Luceño se ha opuesto a otra de las diligencias acordadas por el juez, la de ordenar a la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) que analice una muestra de las mascarillas entregadas al Ayuntamiento y la documentación técnica que la acompañó.
Según expone la defensa del empresario en su recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Luceño considera que se trata de una "prueba inútil e innecesaria", ya que un informe previo ya constató la idoneidad de los cubrebocas que vendió al consistorio.
También recuerda que, al ser interrogada por el fiscal anticorrupción en marzo de 2021, un año después de la firma de los contratos, Elena Collado manifestó la buena calidad de las mascarillas. Llegó, incluso, a asegurar que "casi todo el mundo" las lucía en el Ayuntamiento, incluida la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
Finalmente, se opone a que Aenor practique dicha pericial al considerar que no se ha respetado la cadena de custodia de las muestras de mascarillas que obran en la causa. Una de ellas es la que entregó Collado al fiscal.
"Al hacerlo, la propia Collado advirtió que, 'bueno, éstas están tuneadas'; es decir, se trata de una supuesta muestra distinta de las remitidas. (...) Carecía de cualquier tipo de trazabilidad o de cadena de custodia. Está claro que una mascarilla tuneada no puede servir como base para hacer un informe (...) [sobre la calidad] de un pedido de un millón de mascarillas", concluye.
'Caso Mascarillas'
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Su labor se habría limitado a facilitar el contacto con el Ayuntamiento. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo del fallecido duque de Feria y de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.