Alberto Luceño, uno de los dos imputados por la supuesta estafa del caso Mascarillas, ha asegurado este lunes que, realmente, cobró "un 47%" de comisión por intermediar en tres de los contratos sanitarios de la funeraria municipal de Madrid. "Un porcentaje que es normal en nuestro trabajo", ha valorado ante el juez Adolfo Carretero, encargado de la investigación. Y el empresario ha subrayado que no conoció su retribución "hasta que no se cierra la operación".
Su intención al intermediar en la venta de mascarillas, guantes y test contra la Covid-19 siempre fue la de "ayudar". "Y, por supuesto, cobrar por mi trabajo", ha manifestado en el Juzgado.
Así consta en el acta de su declaración, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Tras el interrogatorio, en el que el investigado sólo ha respondido al magistrado y a su abogado, el juez ha optado por retirarle el pasaporte, al igual que al otro imputado, el aristócrata Luis Medina.
Delante del juez, Alberto Luceño ha insistido en que él es un "agente exclusivo" de la empresa malasia Leno, la suministradora de los productos sanitarios. Y ha calificado a Medina, su socio en esta operación, como un "facilitador". "He hecho una operación limpia con el Ayuntamiento de Madrid", ha sostenido el empresario.
"El precio lo puso San Chin Choon"
Asimismo, Luceño ha insistido que el precio del material no lo fijó él, sino San Chin Choon, el representante de Leno. Según ha contado, ha contactado con el malasio en los últimos días.
"Todo lo hice yo con San Chin Choon", ha resumido, a la hora de explicar el proceso de negociación. "Y a nadie le digo la retribución que gano; la obtengo del suministrador [Leno]", ha apuntado, tras admitir que ésta fue su primera operación comercial con la compañía malasia.
También ha defendido que, antes de intermediar en esta compra con la funeraria municipal de Madrid, ya tenía un alto tren de vida. "Obtenía entre tres mil y siete mil euros al mes", ha señalado.
"No sabíamos qué íbamos a ganar hasta que se cierra la operación; después de cerrada es cuando vemos el margen de retribución", ha reiterado este lunes en los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. Por su parte, Luis Medina, ha reconocido que telefoneó a un primo del alcalde de Madrid para hacer llegar al consistorio su oferta de material sanitario. No obstante, el aristócrata ha asegurado que no conocía "de nada" a Carlos Martínez-Almeida.
'Caso Mascarillas'
A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de los tres contratos sanitarios "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. —participada al 100% por el Ayuntamiento— pagó, en la peor etapa de la pandemia de la Covid-19, unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Su socio, en total, más de cinco millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Sin embargo, este lunes, Medina ha declarado ante el juez que ahora no se siente estafado por su socio, a pesar de la desigualdad de sus comisiones. Una diferencia que el aristócrata descubrió, molesto, mientras le interrogaba el fiscal el 13 de abril de 2021. En su declaración ante el juez, Luceño ha coincidido con él: "Yo no engañé a Medina; no sabía la retribución hasta que no se cerró la operación".
Además, según Anticorrupción, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, coches de alta gama, un piso o un velero— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Este lunes, Luceño ha negado la falsedad documental: "Ningún documento presentado [en la entidad bancaria] es falso; sólo hay un problema con la fecha".