El empresario Alberto Luceño, imputado por estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales en el caso Mascarillas, ha asegurado al juez que los próximos ingresos que obtenga por sus negocios los aportará como fianza en una de las cuentas que ya le ha embargado el Juzgado.

Así consta en un escrito firmado por su defensa, fechado este 22 de abril y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que Luceño relata sus "gastos familiares y empresariales".

Son, según dice, los que han causado que, cuando el juez ordenó retenerle más de cinco millones de euros que habría cobrado por intermediar en tres contratos sanitarios del Ayuntamiento de Madrid, sólo pudiese embargarle un piso de lujo y apenas 130.000 euros en sus cuentas personales y de una de sus empresas.

En el documento, insiste en que su intención es "cooperar" con la instrucción. Muestra de ello, explica que su compañía Takamaka "está interviniendo en una compraventa internacional de aceite" entre una empresa asiática y Aceitelia S. L., de la que Luceño se presenta como "agente exclusivo".

Y gracias a este contrato, firmado el 29 de diciembre de 2021, y a otros negocios, prevé embolsarse "en los próximos meses" una cantidad que no detalla, pero que "supera el millón de dólares". Es decir, al menos, 930.000 euros aproximadamente, al cambio actual.

Luis Medina, en una imagen de archivo. Europa Press

Con su escrito, el empresario ha querido dejar claro ante el juez que el vaciado de sus cuentas se aleja totalmente de un posible alzamiento de bienes. Éste es el delito por el que ya se ha sido imputado el socio de Luceño en esta operación comercial, el aristócrata Luis Medina Abascal.

El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, interrogado por el fiscal anticorrupción y sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.

Impuestos

En su escrito, Luceño deja claro que ha tributado "los beneficios obtenidos" por los contratos investigados y ha pagado los impuestos por comprarse la vivienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) con lo obtenido como comisión.

Takamaka pagó 659.515,29 euros de Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2020. Como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 67.599 por la adquisición de la vivienda.

Asimismo, la defensa de Luceño pone en cuestión la cifra que el juez ordenó embargarle (5.567.725€). "Resulta de sumar a la cifra [que la Fiscalía pidió embargar a Luceño: 4.654.983 euros] la petición realizada al otro investigado [Luis Medina] y pareciera que anticipa cuestiones que no son propias de la fase tan temprana de instrucción en la que nos encontramos".

Los coches de lujo

A la hora de embargarle, el juez destacó que varios de los vehículos de lujo que Luceño habría comprado con su abultada comisión ya no eran de su propiedad. En su escrito del 22 de abril, repone que "el dinero procedente de tales ventas está en los saldos embargados" de su empresa Takamaka.

Asimismo, se escuda en el "paulatino incremento del saldo actual" de dicha empresa. "No sólo no hay alzamiento de bienes de clase alguna, sino que, desde el 8 de abril [fecha del embargo de las cuentas] y sabiendo el señor Luceño, como sabe, que todo lo que ingrese en dicha cuenta quedará automáticamente embargado y bloqueado, el saldo ha ido INCREMENTÁNDOSE con sucesivos ingresos [desde 119.397 euros] hasta los 210.416 euros a fecha del 21 de abril de 2022", destaca la defensa del empresario.

Sobre su flota de coches de lujo, también revela que su intención era conformar con ellos un servicio "de vehículos exclusivos para alquiler o reventa". Por su garaje han pasado, entre otros: un Ferrari de 355.000 euros, un Lamborghini de 299.999 euros o un Aston Martin DBS Superleggera por valor de 293.000.

"Gastos familiares y empresariales"

En su escrito, la defensa de Luceño también enumera los gastos familiares y empresariales que han hecho disminuir el saldo de sus cuentas.

Entre ellos, el pago de la cuota de autónomo, el alquiler de la oficina de Takamaka (2.800 euros al mes), los gastos de consumo, el arrendamiento de varias plazas de garaje (200€ al mes), las facturas del teléfono, cuotas a la Seguridad Social, el pago de asesoramiento mercantil y los impuestos sobre su flota de vehículos.

Alberto Luceño, en una imagen de archivo.

También incluye las nóminas a los dos empleados de la compañía: el propio Luceño y otra persona. Los sueldos: 7.461 euros para el primero y 1.200€ al mes para el segundo.

Como algunos de los "muchos" gastos familiares, su escrito dirigido al Juzgado cita: la cuota de la comunidad de propietarios de su vivienda (722€ mensuales), el pago del IBI y del seguro médico o de la universidad privada en la que estudian sus hijos.

"La suma de los gastos empresariales y familiares (...), más las sumas embargadas e impuestos abonados, hace que, en efecto, quede claro que no ha habido salidas de patrimonio ilícitas", reitera su defensa.

'Caso Mascarillas'

Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de varios contratos sanitarios —para guantes, test contra la Covid y mascarillas— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los peores meses de la pandemia de coronavirus.

Luis Medina habría cobrado 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Su socio, en total, más de cinco millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.

Además, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, el piso de Pozuelo o la flota de coches deportivos de Luceño— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal. Ambos imputados deberán acudir a declarar ante el juez el próximo lunes en la madrileña Plaza de Castilla.

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