El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha ordenado reabrir el sumario por el atentado de ETA en Santa Pola (Alicante), ocurrido el 4 de agosto de 2002 y en el que fueron asesinadas dos personas; entre ellas, una niña de seis años. Se trataba de Cecilio Gallego Alaminos, de 57 años, y la menor Silvia Martínez Santiago. También provocó más de 50 heridos.
Por este ataque con coche-bomba, que explosionó cerca de un cuartel de la Guardia Civil, dos etarras —Óscar Celarain y Andoni Otegi Eraso— fueron condenados como autores materiales a 843 años de prisión.
Ambos miembros del comando Argala fueron sentenciados como autores de dos delitos de asesinato, 51 delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de estragos terroristas.
Pero el juez, ahora, con el informe favorable de la Fiscalía, ha admitido a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia dirigida contra la cúpula etarra. Con ello, queda reabierto el sumario 9/2002. Así consta en un auto, que acuerda la reapertura de las actuaciones, fechado este 25 de marzo, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Según reza el documento, el Juzgado ordena un informe a la Jefatura de Información de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional "acerca de cuantos datos obren en su poder que permitan relacionar" a la cúpula de la banda terrorista con este ataque.
Se trata de los exjefes de ETA Juan Antonio Olarra Gudiri (apodado Jokin), Ainhoa Múgica Goñi (Olatz), Félix Ignacio Esparza Luri, Mikel Albisu Iriarte (alias Mikel Antza), Ramón Sagarzazu Gaztelumendi y María Soledad Iparraguirre (Anboto). La querella de Dignidad y Justicia se dirigió contra ellos dado su "dominio" de la banda y sus actuaciones.
García-Castellón basa la reapertura de las actuaciones en la aportación de "nuevos elementos o circunstancias a valorar y que guarden directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación del procedimiento penal". "En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria", subraya en el auto.
"Se fija el día de hoy [25 de marzo] como inicio del cómputo del plazo de seis meses correspondiente", añade el auto sobre la reapertura del sumario.
Nueva vía jurídica
En este y en otros procesos, la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, ha abierto una nueva vía jurídica con la que apuntar hacia los líderes de la banda por los asesinatos y atentados cometidos bajo su dirección, como posibles instigadores y corresponsables de los crímenes —por su "autoría mediata", como "presuntos autores detrás del autor", señala la asociación—, al haberlos ordenado y/o seleccionado los objetivos.
Para ello, se basan en el artículo 28 del Código Penal español. ¿Qué dice este artículo? Que "son autores [criminalmente responsables de los delitos] quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento". Y también otorga esta calificación a "los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo" y "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado".
Varios autos de García-Castellón y de otros jueces de la Audiencia Nacional constatan la férrea jerarquía de ETA y el dominio de las cúpulas, denominadas zubas, sobre el resto de la organización.
El autor de esta querella, y de otras basadas en esta nueva vía jurídica, es Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de Dignidad y Justicia.
El letrado también es el autor de la querella que derivó en la investigación a la cúpula etarra en el año 2000 por el asesinato del juez Queriol Lombardero y la reapertura de la causa por la muerte de Miguel Ángel Blanco. También, de la que inició la investigación a los exjefes etarras por el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas en 2006.