La juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha citado como investigados a los miembros de la Junta de Gobierno Local de la localidad madrileña en el marco del llamado caso ITV, según informan a este diario fuentes cercanas al proceso.
La alcaldesa del municipio, la socialista Noelia Posse, ya fue imputada el pasado septiembre por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según avanzó EL ESPAÑOL, y tuvo que declarar el pasado 18 de noviembre.
Además de a Posse, la juez María Pinto Andrés ya citó como investigados, en julio, al actual tesorero del ayuntamiento, Francisco Javier Torner, y al exconcejal de Hacienda, Aitor Perlines.
Ahora, añade al resto de vocales que componían la Junta de Gobierno cuando la querella que desató el proceso fue presentada: David Muñoz Blanco (teniente de alcalde y secretario de Organización del PSOE mostoleño), Rebeca Prieto Moro (concejala de Empleo, PSOE), Alejandro Martín Jiménez (secretario general del PSOE de Móstoles y concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana), María Luisa Ruiz González (concejala de Urbanismo, PSOE), María Dolores Triviño Moya (concejala de Igualdad, PSOE), Beatriz Benavides Fuster (exconcejala de Urbanismo e Igualdad; ya jubilada) y Natividad Gómez Gómez (concejala de Educación por Podemos).
Todos ellos, deberán declarar en el juzgado en calidad de investigados en los días 16 y 28 de febrero.
Todas estas actuaciones se derivan de una querella, interpuesta por Gabriel Ortega y Susana García, concejales de Ganar Móstoles (marca local de Más Madrid) y admitida a trámite a mediados del pasado abril, contra Posse y el resto de los miembros que entonces conformaban su Ejecutiva, a quienes ambos portavoces señalaban por haber perdonado, supuestamente, casi dos millones y medio de euros a una empresa dedicada a la inspección técnica de vehículos.
La compañía, adjudicataria de un contrato desde 2011, debía abonar un canon anual al consistorio por su actividad, pero a lo largo de los últimos años habría contraído sustanciosas deudas.
Perdonar tributos
Según constaba en la querella, a la que tuvo acceso este diario, los dos concejales de Más Madrid-Ganar Móstoles (formación que, entre junio y octubre de 2019, sostuvo el Gobierno local de PSOE y Podemos, pero que, tras el llamado escándalo de los enchufes, lo abandonó) atribuyen a la Junta Municipal el haber aprobado fraudulentamente "una quita de la deuda de 615.000 euros" a la mercantil ITV Móstoles S. L., cuyo representante legal deberá declarar el día 28.
García y Ortega también atribuyen a los miembros de dicha Junta de Gobierno del "fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años", del resto de la cantidad que adeudaba la empresa y "la reducción del canon del 2020, y de los años subsiguientes hasta 2041, a menos de la mitad [de 147.653 euros anuales a 60.000]".
A juicio de los querellantes, esto último supondría "un perjuicio para las arcas públicas, sin contar el IPC, de 1.840.725,39 euros".
Cese del interventor
Los dos concejales de Ganar Móstoles-Más Madrid también acusaron al Gobierno de Noelia Posse de haber obviado, de forma deliberada, los informes del interventor del ayuntamiento, el encargado de supervisar sus finanzas, quien se opuso de forma contundente a esta rebaja.
Tal fue su oposición que acabó remitiendo un informe al Tribunal de Cuentas. En él, alertaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal". Este órgano, según ha podido saber este diario, continúa investigando el caso, tras haber detectado posibles irregularidades en dicha gestión.
Este funcionario fue cesado por el Ayuntamiento el pasado 5 de mayo —un día después de las elecciones autonómicas en Madrid; las del 4-M— alegando "pérdida de confianza" por su supuesta mala gestión de las cuentas de una empresa pública. Por su parte, la oposición municipal tachó su destitución de represión por haber denunciado ante el Tribunal de Cuentas este presunto caso de corrupción.
Asimismo, en un informe, el Ministerio de Hacienda —que se pronunció sobre la petición del cese del interventor por parte del ayuntamiento, ya que este cargo tiene habilitación nacional— avaló holgadamente la labor del funcionario y no apreció ninguna "falta de diligencia en el desempeño de sus funciones legalmente asignadas".
Como ya declaró Noelia Posse ante la juez, desde el Ayuntamiento insisten a este diario en tachar dicha querella de "política" y ceñir su actuación a un intento de que el consistorio, al menos, pudiera cobrar parte de la cantidad adeudada y salvar los puestos de trabajo.
Prevaricación y malversación
En su artículo 404, el Código Penal español castiga la prevaricación "con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años" y la define como aquel delito cometido por "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".
De igual modo, en el art. 432, sanciona la malversación de caudales públicos "con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años". Estas penas, no obstante, pueden ser mayores en función de si se produce "grave daño o entorpecimiento al servicio público" o si "el valor del perjuicio causado" supera los 50.000 euros.