La Fiscalía ha propuesto procesar por un delito de allanamiento de morada al subinspector al mando del grupo de policías que accedió a un domicilio del centro de Madrid en el que, el pasado marzo, se estaba celebrando una fiesta ilegal, prohibida por la declaración del estado de alarma en toda España.
Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado excluir de la causa al resto de agentes (cinco) que formaban parte de la unidad, ya que se limitaron a cumplir la orden de su superior.
Lo hicieron derribando la puerta con un ariete —este caso acabó bautizado como el de la patada en la puerta—, lo que causó una profunda polémica cuando un vídeo, grabado desde el interior de la vivienda, se difundió masivamente en las redes sociales.
Hasta el punto de que esta actuación sirvió de arma política para atacar a Fernando Grande-Marlaska. Precisamente, el letrado del inquilino del piso de alquiler ha pedido al juez que llame a declarar como testigo al ministro del Interior, tras haber éste mostrado públicamente su apoyo a esta operación policial. El juez Jaime Serret, titular del Juzgado de Instrucción número 28 de la capital, deberá ahora decidir si lo hace.
En un vídeo publicado por EL ESPAÑOL el pasado 18 de septiembre y aportado al Juzgado, que recoge las imágenes de las cámaras corporales de los uniformes de los policías, se aprecia una larga negociación, rayana la media hora, de los efectivos con los jóvenes que festejaban al otro lado de la puerta.
Este viernes, se ha celebrado una audiencia donde la Fiscalía ha manifestado a las partes que aprecia indicios de un supuesto delito de allanamiento de morada para el jefe del operativo.
Fuentes cercanas al mando policial, consultadas por este diario, manifiestan que el subinspector "está de acuerdo al 200% con que sea el único procesado" —como ya había manifestado a las defensas de sus subordinados— y "responsabilizarse enteramente de su orden".
De igual modo, el Ministerio Público ha solicitado una larga batería de diligencias, entre las que se incluyen la comparecencia como testigos de varios de los asistentes de la fiesta —algunos de ellos sí pretendían identificarse tras la llegada de la Policía, frente a una mayoría que se negó a abrir la puerta— y a varios vecinos afectados, que relataron a la unidad los continuos ruidos que provocaba, de jueves a domingo, los ocupantes de dicho domicilio.
Por su parte, la defensa de los agentes ha pedido que declaren las personas que firmaron el contrato de alquiler, ya que, aseguran, "no está registrado oficialmente ni tiene firmas", y ha solicitado al Juzgado que se requieran "justificantes del pago de ese arrendamiento" y una copia del e-mail en el que fue enviado al inquilino, que es un ciudadano extranjero.
Citados como imputados los seis policías, a cuya declaración accedió EL ESPAÑOL el pasado septiembre, todos ellos justificaron su actuación, considerándola "ajustada a Derecho".
Ante lo que consideraron "un posible delito" —la oposición continuada, durante una media hora, a salir al rellano y mostrar sus DNI, comportamiento que creyeron que ya excedía la falta administrativa—, el mando a cargo de la patrulla dio la orden de reventar la puerta, tras haber probado, sin éxito, otras dos técnicas para acceder al domicilio. Ahora será previsiblemente juzgado por un jurado popular.