La Fiscalía niega que tenga conclusiones sobre las investigaciones sobre la fortuna oculta de Juan Carlos I. En una nota emitida en la mañana de este viernes, la Fiscalía General del Estado explica que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha enviado "diferentes solicitudes" a las autoridades de Suiza y otros países para recabar la información necesaria para avanzar en las investigaciones sobre el emérito. Pero, en ningún caso, ha concluido que Juan Carlos sea un comisionista internacional, ya que serán las autoridades suizas las que "confirmen o descarten" los "indicios de criminalidad"

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La Fiscalía del Tribunal Supremo ve "indicios" de que la fortuna de Juan Carlos I proviene de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". Sin embargo, por ahora, no existe "un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal" que afecten a Juan Carlos I. 

Según una comisión rogatoria del teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, el rey emérito actuó durante años como comisionista internacional. Esta es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre el origen de la fortuna que Juan Carlos I posee desde hace décadas en diversos paraísos fiscales. 

Tal y como publica este viernes El Mundo y ya adelantó el pasado mes de mayo EL ESPAÑOL, Juan Ignacio Campos, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y un equipo de fiscales del Supremo, tienen en su poder "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación" tienen procedencia ilícita. Por este motivo, la Fiscalía ha pedido datos a Suiza para indagar si Juan Carlos I usó como 'pantalla' la fundación de su primo. También se han pedido datos a Arabia Saudí sobre el AVE a la Meca. 

De ser así las suposiones de la Fiscalía, el emérito podría haber cometido al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

La nota remitida este viernes por la Fiscalía tras conocerse esos "indicios" remarca que simplemente se han pedido datos a otros países. "Es preciso recordar que la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional".

La Fiscalía General del Estado pone de relieve que esta investigación no es en absoluto "un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal", simplemente una solicitud de información.

"Resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación", añade la nota. 

Además, ha aprovechado para reiterar que "la Fiscalía está comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional".

Fundación Zagatka

Con estos"indicios" sobre la mesa, la Fiscalía del Supremo solicitó el pasado 24 de febero a las autoridades suizas toda la información relacionada con las cuentas en el país de la Fundación Zagatka, propiedad del primo del emérito, Álvaro de Orleans, entre los años 2016 y 2019, información publicada por este medio. 

Desde esta fundación se habrían abonado gastos del Rey emérito hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.

Don Juan Carlos aparecía como beneficiario de esta fundación. Casa Real explicó en su momento que el antiguo monarca desconocía esta información y añadió que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.

En el escrito a las autoridades suizas, la Fiscalía del Supremo informa que hay más diligencias abiertas en relación a Juan Carlos I. En ella indaga "hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos" controlados por "Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, persona aforada ante el Tribunal Supremo". 

En este punto, explica que se está investigando la "procedencia" del dinero no declarado a la Hacienda pública de España así como la "participación" del emérito en distintas operaciones. 

Yves Bertossa

Cabe recordar en este punto que el fiscal suizo Yves Bertossa, el primero que investigó la fortuna que ocultó en el país helvético Juan Carlos I, se reunió el pasado mes de julio en Madrid durante tres horas con el número dos de la Fiscalía General, Juan Ignacio Campos, que dirige las tres pesquisas abiertas en España sobre el patrimonio del rey emérito.

Esta es la segunda vez que Bertossa se traslada a Madrid tras descubrir la existencia de la Fundación Lucum, propiedad de Juan Carlos I y titular formal de una cuenta en la banca Mirabaud de Ginebra en la que el rey emérito ocultó de 2008 a 2012 una aparente donación del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, fallecido en 2015.

El dinero, 100 millones de dólares (65 millones de euros en la época), fue gestionado por Arturo Fasana y Dante Canónica hasta que en mayo de 2012 el entonces jefe del Estado español lo transfirió íntegramente a su amante, Corinna Larsen.

Tal como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, la empresaria hizo firmar a Juan Carlos I un documento en el que éste aseguraba que la 'princesa Corinna zu Sayn Wittgenstein' no era su testaferro. Larsen ha seguido usando indebidamente ese título y ese apellido al haber estado casada con el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, del que se divorció en 2005. Pese a la palabra puesta por escrito del entonces jefe del Estado español, Bertossa mantiene imputada a Larsen por un delito de blanqueo de capitales al considerarla, efectivamente, testaferro de su antiguo amante.

Dos regularizaciones

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo unas diligencias de investigación en torno al Rey emérito por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda -en teoría la última- el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Así las cosas, en mayo se supo que AEAT ha notificado al Rey emérito la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado hasta ahora, un proceso que aún no ha culminado.

El frente judicial de Don Juan Carlos se completa con la demanda que Larsen -también investigada en Suiza- ha presentado ante en Londres por la "vigilancia ilegal" y "hostigamiento" que asegura sufrió por parte de los servicios secretos españoles y del propio Rey emérito.

El rey Juan Carlos permanece desde hace un año Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras irse de España por sus presuntos negocios irregulares en el extranjero, que la Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando por si pudo cometer algún delito, una vez que dejó de ser inviolable cuando abdicó en junio de 2014.