El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tándem, ha dictado este jueves la conclusión de la investigación de la pieza Kitchen, relativa a la utilización de recursos del Ministerio del Interior en un espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, con el fin de sustraerle documentación comprometedora para el partido.

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El juez ha exculpado a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, así como a su marido, Ignacio López del Hierro, y afirma que "ninguna de las diligencias" practicadas "permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa" con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En cambio, ve indicios para que se sienten en el banquillo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; el exsecretario de Estado Francisco Martínez; el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y los mandos policiales José Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano y Andrés Gómez Gordo. También ve indicios de criminalidad suficientes para ir a juicio contra el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, captado como confidente policial.

El PP, no implicado

El instructor descarta "la existencia de una trama política [es decir, del PP] ajena al Ministerio del Interior" para espiar a Bárcenas y sustraerle la documentación que conservara sobre la financiación irregular del partido.

"A diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que existe una sólida base indiciaria, resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación de María Dolores de Cospedal", su marido y su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, también exonerado.

"No tiene sustento en ningún indicio del procedimiento afirmar que las reuniones de María Dolores de Cospedal con Villarejo fueron motivadas por el interés en que éste le trasladara información" del caso Gürtel, algo que "no pasa de una sospecha", sostiene.

Para el juez, el hecho de que la exsecretaria general del PP se reuniese con Villarejo "no presupone la existencia de infracción penal alguna". Y en los audios "de origen desconocido y, por tanto, de dudosa fiabilidad" que corresponderían a esos encuentros "en ningún momento se oye a quien parece ser la investigada expresar los motivos de la reunión".

Tampoco consta que Cospedal o Del Hierro hicieran entregas de dinero al excomisario, "ni en el contexto de los hechos investigados en esta pieza ni en ningún otro".

Y en cuanto a la intervención de Cospedal como "ideóloga" de la operación Kitchen, el instructor considera que resulta "contradictorio" pretender sostener un liderazgo ideológico en una operación cuya finalidad era la sustracción de documentación de Bárcenas "cuando la propia investigada reconoce que esta misma documentación estuvo almacenada durante semanas en la sede del partido y que tuvo que amenazar con ponerla en la calle para que se le llevaran, tal y como se ha referido.

"La imputación a ambos investigados", concluye respecto a Cospedal y Del Hierro, "no deja de ser resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno".

"Abuso" del ministro

Según el instructor, la trama se circunscribió al Ministerio del Interior. Así, señala que los indicios apuntan a que el exministro Fernández Díaz, "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó a su número dos, Francisco Martínez, "para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder de Bárcenas".

Martínez "asumió la coordinación de la operación", que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo, a Pino.

Éste, a su vez, encargó la ejecución a Villarejo, "que se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo". García Castaño "asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la unidad especial de seguimientos" adscrita a la UCAO.

Los mandos policiales captaron como informador a Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, al que apodaron cocinero, Kitchen o K2, de ahí el nombre de la operación. Con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, Ríos recibió 2.000 euros mensuales más gastos y luego una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía.

"Sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro, y las motivaciones que pudiera tener éste, la finalidad que guiaba tanto a Villarejo Pérez como a Enrique García Castaño sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela", sostiene el instructor.

La documentación que guardaba Bárcenas en un taller de arte de su esposa "se habría finalmente localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en el mes de octubre del año 2013, y se encontraría, al menos, en poder de Enrique García Castaño, al que Villarejo habría reclamado insistentemente una copia, con el conocimiento de su superior Eugenio Pino".

Para obtener esta información "los investigados habrían accedido, careciendo de autorización alguna, al denominado 'zulo', un local comercial utilizado por Rosalía Iglesias, en cuyo interior, al parecer, se ubicaría un armario con un doble fondo del que se habría sustraído dicha documentación".

Descontrol de fondos reservados

El juez afirma que las "disfunciones e irregularidades en la gestión y en control de los fondos reservados habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales". A su juicio, Francisco Martínez sería quien presuntamente autorizó el pago de los fondos reservados a Sergio Ríos.

Una vez terminada la operación, "en pago por los servicios prestados y con la finalidad de asegurar su silencio desde la Secretaría de Estado se maniobró para que Ríos entrase en el Cuerpo Nacional de Policía".

Prórroga denegada

En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de otras partes, que habían pedido la prórroga de la investigación seis meses más, Garcia-Castellón ha cerrado la pieza Kitchen, iniciada en noviembre de 2018, al considerar que "no necesaria la práctica de más diligencias".

El juez ha desestimado la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción de tomar declaración al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó. A este respecto, alude a "la generalidad de los términos en que se formula la petición, sin referencia a dato, indicio, expresión o afirmación concreta alguna que permita sostener la

imputación de esta persona"

También descarta indagar un número telefónico aportado por Villarejo, que a última hora ha afirmado que llamaba a ese móvil para hablar de la operación Kitchen con el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy.

El fiscal había planteado que el juez preguntara al PP quiénes han sido los usuarios de ese teléfono. Para García-Castellón, se trata de "una diligencia que no guarda conexión" con las conclusiones de la investigación, según las cuales Kitchen fue una operación parapolicial ajena al PP.

Nada apunta a Rajoy

"La diligencia se interesa en el más absoluto vacío indiciario", afirma García-Castellón. "Llama la atención", añade, "que el fiscal no haya observado que el teléfono aparece en el procedimiento porque lo aporta Villarejo , "que es el único que habla de este teléfono, del que no hay rastro alguno en la causa".

Recuerda que el pasado 19 de julio encomendó a la Unidad de Asuntos Internos, encargada de la investigación que hiciera gestiones para verificar la existencia

de comunicaciones entre los terminales de Villarejo y los números supuestamente pertenecientes a Rajoy. 

La pesquisa policial ha concluido que "examinado nuevamente su contenido, no se localiza vinculación alguna con el número de teléfono 650705710. De los restantes teléfonos intervenidos no se observa tampoco conexión alguna con el teléfono 650...".

"Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro", indica el magistrado.

"Frivolidades"

"Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el Derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades".

García-Castellón argumenta que, incluso en el caso de que el número de móvil perteneciera al PP, no sería relevante "pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba Villarejo".

"Está en el derecho del Ministerio Público, en su función de acusación, interesar más diligencias, en el caso de que se facilite algún número vinculado con cualquier otra

institución, organismo, club, comunidad, grupo, conjunto o sociedad, buscando partícipes y cómplices allí donde le apunte Villarejo.

Pero, añade, "más preocupante es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza. Es precisamente en estos casos cuando más necesaria se hace la valoración sosegada del magistrado, que no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante, de aquello que ni aporta ni añade".